Con el fin de perfeccionar aspectos del convenio que se mantiene con la Clínica Jurídica de la Universidad Católica del Norte sobre la prestación de curadurías ad litem, la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Marcela Sandoval, y la ministra encargada de asuntos de Familia, Gloria Negroni, suscribieron una nueva pauta de aplicación con dicha casa de estudios.

En el acuerdo, vigente desde agosto de 2022, abogados de la institución educacional, con participación de estudiantes de 5° año de la carrera, representan a niños, niñas y adolescentes (NNA) como curadores ad litem ante el Juzgado de Familia Coquimbo.

Según explicó la presidenta del tribunal de alzada, con esta nueva pauta la atención de la Clínica Jurídica puede extenderse a otros tribunales, así como también el alumno o alumna participará como oyente de las audiencias, ya sea de manera presencial o telemática, apoyando el trabajo administrativo previo y la coordinación de la entrevista personal, siempre que el niño, niña o adolescente consienta su participación.

“Claramente el apoyo técnico de las profesionales que se desempeñan en la Universidad Católica del Norte constituye un aporte para la decisión que se adopte a nivel jurisdiccional. Así también la participación de los estudiantes de 5.º año de la carrera de Derecho en la elaboración de informes que pueden ser usados por la curadora para resolver asuntos de relevancia para los niños, niñas y adolescentes”, enfatizó la ministra Sandoval.

En tanto, el encargado de la Clínica Jurídica de la UCN, Carlos Galleguillos, señaló que la iniciativa se enmarca en el sello que tiene la universidad centrado en la responsabilidad social. “Por lo tanto el trabajar por los niños y adolescentes con otros estudiantes a través de la metodología que se llama aprendizaje más servicio, nos permite que ellos vayan adquiriendo desde ya la relevancia de ponerse en el lugar del otro, principalmente de grupos vulnerables como son la niñez. Y este trabajo permita precisamente que los niños que se encuentran inmersos en un proceso judicial tengan una representación jurídica y judicial adecuada”, indicó.

Para la alumna Josefina Rodríguez esta oportunidad le permite implementar los conocimientos adquiridos en los años de estudio. “En virtud de principios que hemos visto en el área académica como el interés superior del niño, nosotros intervendremos en las causas para sus intereses, para lograr lo mejor posible para ellos. Es un orgullo, poder implementar lo que aprendimos en clases en casos de la vida real, en poder ayudar a niños, niñas y adolescentes que nos necesitan como profesionales del derecho”.

El convenio, que también se lleva a cabo desde el 2022 con otras instituciones de educación superior de la zona, fue el primero realizado a nivel nacional como iniciativa de la mesa interinstitucional de familia de la Corte de Apelaciones.  El objetivo es efectivizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en este caso a través del apoyo de profesionales de que ejercerán en causas de menor complejidad como curador ad litem, el cual es un abogado/a designado por un juez con competencia en familia y que debe velar por el interés superior del NNA, así como por las garantías procesales de las cuales es sujeto de protección.

Finalmente, la ministra señaló que la suscripción de esta clase de protocolos o ampliaciones constituye una de las formas de vincularse con las instituciones académicas de la zona. “El trabajo con las clínicas jurídicas de las distintas universidades de la región permite al Poder Judicial vincularse no solamente en actividades que dicen relación con la educación de los estudiantes, sino que también de la participación activa de ellos en los procesos judiciales”, concluyó.