El Juzgado de Garantía de Concepción dirigió  hoy –lunes 28 de abril– la reformalización de la investigación abierta por el Ministerio Público en contra de Camila Alondra Polizzi Fonceca y Sebastián Nicolás Polanco Torres, a quienes se les imputaron cargos, en calidad de autores, en los delitos consumados de estafa en concurso con usurpación de identidad reiterada, omisión fraudulenta de declaración anual de renta y lavado de activos; Matías Fabián Godoy Alarcón como autor de los delitos consumados de omisión fraudulenta de declaración de renta anual y lavado de activos; Rodrigo Iván Martínez Fernández y Simón Felipe Acuña Medina como autores del delito consumado de fraude al fisco, y a Diego Alejandro Polanco Torres, Luisa del Pilar Fonceca Galaz y Eduardo Javier Quezada Fuentes, como autores del delito consumado de lavado de activos. Ilícitos perpetrados desde mediados de 2022 y hasta agosto de 2023, en la comuna.

En la audiencia de formalización (causa rol 5.357-2023), el magistrado Marcelo Bustos Vergara aumentó el plazo de investigación en 60 días.

Además, en la jornada se formalizaron cargos en contra de Rodrigo Andrés Alarcón Quezada y Patrick Giovanni Carrasco Candia, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de fraude al fisco y lavado de activos, respectivamente, quienes quedaron sujetos a las medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional; y de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.

Según el Ministerio Público, en 2021 Polizzi Fonceca participó en la campaña a gobernador regional de Rodrigo Díaz Wörner, instancia en la cual conoció a Martínez Fernández y Alarcón Quezada. Luego, a mediados de 2022, Polizzi Fonceca concurrió al Gobierno Regional (Gore), ubicado en calle Arturo Prat 501, Concepción, para solicitar financiamiento para su fundación “Conce Solidario”. En la repartición pública fue atendida por Martínez Fernández, en ese entonces administrador del Gore, quien le explicó que la fundación no cumplía con el requisito de tener una antigüedad de, a los menos, dos años, derivándola con el jefe de Desarrollo Social y Humano, el imputado Acuña Medina, quien le sugirió que buscara otra fundación que cumpliera con la exigencia y que utilizara, además, un organismo técnico de capacitación para tercerizar actividades y así obtener el financiamiento.

En dicho contexto, Polizzi Fonceca y Sebastián Polanco contactaron a Gerardo Silva Salinas, presidente de la “Fundación en Ti”, a quien le ofrecieron un pago de $10.000.000 para utilizar su fundación. Acuerdo que quedó sellado con la firma de una carta de conformidad suscrita ante notario el 29 de enero de 2023. Luego, presentaron un proyecto, por $250.000.635 para realizar actividades de capacitación a vecinos del Barrio Norte de Concepción. En los meses siguientes, los imputados presentaron informes con firmas falsificadas de supuestos participantes para aparentar la realización de las actividades comprometidas, así como documentos suscritos, supuestamente, por Silva Salinas, utilizando una firma electrónica que no correspondía al “suscrito”.

Asimismo, Polizzi Fonceca, bajo engaño, llevó a los representantes de la “Fundación en Ti” a una notaría para que le extendieran un poder amplio, que le permitió quedar a cargo del organismo y abrir cuentas corrientes en varios bancos, a las que giró el dinero entregado por el Gobierno Regional para la ejecución del proyecto. Fondo que utilizó, junto con los hermanos Polanco Torres, para adquirir diversos bienes, entre ellos, vehículos.

En paralelo, Godoy Alarcón y Carrasco Candia, a través del organismo técnico de capacitación OTEC Frumisal, el que adquirieron concertados con los imputados Polizzi Fonceca y Sebastián Polanco Torres, facilitó facturas por $30.000.000 por capacitaciones que nunca se realizaron. Quezada Alarcón, propietario de la empresa Eqos en tanto, facilitó cuatro boletas ideológicamente falsas por un total de $30.400.000.

Polizzi Fonceca, Polanco Torres y Godoy Alarcón, en calidad de administradores de hecho o representante legal de la OTEC Frumisal, omitieron presentar ante el Servicio de Impuestos Internos el formulario 22 correspondiente a la declaración anual de impuesto a la renta para el año tributario 2024, pese a que había facturado $168.549.913 en 2023, lo que generó un perjuicio fiscal por concepto de impuesto a contribuyentes de primera categoría.

En tanto, Silva Salina se contactó con Acuña Medina para advertirle que el proyecto no se estaba ejecutando, sin que el funcionario público ni Martínez Fernández generaran las fiscalizaciones que la denuncia ameritaba.

En cuanto al lavado de activos, Godoy Alarcón realizó giros desde la OTEC Frumisal por $76.341.000, los que fueron usados por Polizzi Fonceca y Polanco Torres para comprar en supermercados, restoranes y tiendas de ropa.

Polizzi Fonceca utilizó a su madre, Fonceca Galaz, como testaferro para comprar una camioneta por $9.011.291, mientras que Sebastián Polanco Torres adquirió un vehículo por $8.775.600.