La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó hoy –miércoles 23 de abril– la resolución que dejó a R.C.M., G.C.M. y N.Q.A. sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva por peligro de fuga con caución (fianza) de $7.000.000 cada uno.
En fallo unánime, la Primera Sala de tribunal de alzada –integrada por el ministro Felipe Pulgar Bravo, la ministra Gloria Negroni Vera y el abogado (i) Gabriel Gallardo Verdugo– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, que fijó la caución a los imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de receptación especial agravada. Ilícito perpetrado la semana pasada, en la comuna.
“Que la decisión fue apelada únicamente en cuando al monto de la caución y, en tal sentido, esta Corte comparte el criterio del sentenciador, en cuanto a que la suma se condice plenamente con el delito por el que se encuentran formalizados (cuyos hechos y participación no ha sido debatida), la gravedad, afectación a la población, la detención en contexto de flagrancia, su identificación y, asimismo, avaluación de especies receptadas, elementos que resultan suficientes para entender configurada la hipótesis de fuga y de la suma fijada como caución y atendido lo dispuesto en los artículos 140, 358 y 360 del Código Procesal Penal”, consigna el fallo.
“Se confirma la resolución dictada en audiencia de dieciséis de abril de dos mil veinticinco, por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, que decreta la medida cautelar de prisión preventiva por peligro de fuga respecto de los imputados R.C.M., G.C.M. y N.Q.A, fijando la caución en la suma de $7.000.0000”, ordena.
Tras la audiencia, el ministro Pulgar Bravo sostuvo que: “Según lo informado por el Ministerio Público, estos tres sujetos fueron detenidos flagrantemente manipulando especies que habían sido robadas antes en Copiapó, las cuales correspondían a cables de cobre destinados al uso y funcionamiento del servicio eléctrico que se conectaba con el sistema nacional. El avalúo que hace el Ministerio Público de las especies hurtadas asciende a más de doscientos millones de pesos, esto sumado a la situación de migrantes en condición irregular en nuestro país al no tener un documento de identificación hacia configurar, a juicio del tribunal y que esta Corte compartió, la hipótesis de peligro de fuga y por lo tanto se estableció la caución de siete millones de pesos que esta Corte considera suficiente”.