Ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, el Ministerio Público reformalizó la investigación que sigue en contra de ocho imputados como autores de los delitos consumados de incremento patrimonial injustificado de funcionario público, cohecho, soborno, lavado de activos y fraude al fisco en concurso con uso malicioso de instrumento público reiterado. Ilícitos perpetrados entre 2012 y 2023, en la comuna.

En la audiencia (causa rol 5.828-2022), el juez Francisco Almonacid Faúndez acogió parcialmente la solicitud formulada por la fiscalía, con el allanamiento de los querellantes, y aumentó en 90 días el plazo de investigación, por existir diligencias pendientes.

En la instancia, el Ministerio Público precisó los hechos de la investigación y cargos respecto de los imputados Gervoy Paredes Rojas, José Albán Mancilla Díaz -ambos en prisión preventiva-, Carlos Soto Ojeda, Carlos Parrao Aqueveque, Roberto Oyarzo Navarro, Esteban Oyarzo Navarro, Alicia Hernández Espinoza y Cristian González Andrade.

“En la oportunidad, el Ministerio Público actualizó en parte los hechos por los que están siendo investigados en este proceso y luego de ello se abrió debate respecto de la extensión de plazo de investigación, oyendo a todos los intervinientes y determinando el tribunal su ampliación por 90 días a contar de mañana. Así también se resolvieron peticiones de una de las defensas en particular, mediante oficios que se despacharon a Gendarmería de Chile”, informó el magistrado Almonacid.

“Finalmente, es relevante señalar que atendida la extensión de plazo y que no se revisaron las medidas cautelares que se encuentran vigentes, respecto los distintos imputados el día de hoy, es de cargo de sus respectivas defensas hacer las peticiones pertinentes y eventualmente poder revisar la vigencia de dichas medidas cautelares, entendiendo que la investigación no será cerrada dentro de los próximos 90 días”, agregó.

Según el ente persecutor, el imputado Gervoy Paredes Rojas, entre 2012 y 2022, mientras ejerció como alcalde de la Municipalidad de Puerto Montt, obtuvo un incremento patrimonial no justificado de más de 214 millones de pesos.

Asimismo, en el marco de las contrataciones públicas entre el municipio de Puerto Montt y la empresa Siglo Verde, sobre concesión de servicios de mantención, habilitación y mejoramiento de áreas verdes públicas y espacios de recreación en la comuna, y la empresa Cosemar, sobre concesión de servicios de extracción, recolección y transporte de residuos domiciliarios en el sector urbano de la ciudad, el 11 de agosto de 2023, el representante zonal de las empresas, el imputado Carlos Parrao Aqueveque remitió al director de concesiones del municipio, el imputado Carlos Soto Ojeda, dos facturas para que le ayudara a gestionar los pagos correspondientes a junio de 2023, las cuales habían sido ingresadas en julio, ante lo cual Soto Ojeda reenvío las facturas a la directora de la Dirección de Control de la Municipalidad y le requirió indebidamente agilizar esa operación, ejerciendo su influencia en su calidad de cargo directivo y persona de confianza del alcalde, con el fin de obtener un pronto pago.

En tal contexto y previo acuerdo con el imputado Paredes Rojas, el 24 de agosto de 2023, el imputado Carlos Soto solicitó a Carlos Parrao un beneficio económico por la suma de un millón de pesos, para destinarlos al pago de la defensa jurídica personal del alcalde Paredes Rojas, lo cual el representante zonal de las empresas Siglo Verde y Cosemar materializó al día siguiente. Tanto la recepción como posterior entrega del dinero por parte de Carlos Soto a Gervoy Paredes, se concretó a través de diversos actos destinados al encubrimiento y ocultación, con miras a su desafectación del origen ilícito.

Conjuntamente con otros dineros recaudados para financiar su defensa jurídica personal, ascendentes a 5 millones de pesos, Paredes Rojas incrementó su patrimonio personal y, conociendo su origen ilícito, los utilizó en el pago de parte de los servicios de asesoría jurídica que contrató.

Entre 2016 y 2022, en tanto, en el marco de la asignación de recursos públicos de la Ley 20.248 sobre fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP), para el mejoramiento de la calidad de educación de los establecimientos educacionales subvencionados, con especial atención en los alumnos prioritarios y preferentes según su situación socioeconómica vulnerable, Paredes Rojas, en el ejercicio de sus funciones como alcalde y jefe superior del servicio, con el acuerdo de José Albán Mancilla Díaz, en su calidad de jefe subrogante del DAEM, aprobaron operaciones fraudulentas en que intervinieron los funcionarios municipales Roberto Oyarzo Navarro, Esteban Oyarzo Navarro, Alicia Hernández Espinoza y Cristián González Andrade.

El fraude consistió en una serie de acciones planificadas destinadas a aprobar la implementación de programas del área de la salud y sobre seguimiento y control de asistencia, para ser financiados con fondos SEP, recursos que se destinaron a la contratación a honorarios de personas que no prestaron los servicios contratados y a fines distintos de los permitidos, falsificando firmas y simulando su correcta ejecución, para beneficio económico personal de los funcionarios públicos mencionados y para propaganda política de las candidaturas a alcalde y diputado de Paredes Rojas y Mancilla Díaz, respectivamente, generando un perjuicio a la Municipalidad de Puerto Montt, de más de 500 millones de pesos.

VIDEO: Audiencia de reformalización en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt