El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Matías Gonzalo Cortez Vallejo a la pena de cumplimiento efectivo de 11 años de presidio, como autor del delito consumado de homicidio. Ilícito perpetrado en febrero de 2023, en la ciudad.

En fallo unánime (causa rol 127-2024), el tribunal –integrado por los jueces Alfonso Díaz Cordaro (presidente), Lorena Rojo Venegas y Marcelo Martínez Venegas (redactor)– tuvo por acreditado, más allá de toda duda razonable, que “durante la noche del 03 de febrero de 2023, en el interior del inmueble ubicado en Ribera del Rio N° 14, Copiapó, entre callejón Pedro de Valdivia y El Inca, sector viviendas irregulares, el acusado Matías Cortez Vallejo tuvo una discusión con la víctima Jairo Cortés Rivera, en la cual el acusado Matías Cortez Vallejo, premunido de un objeto cortopunzante, asestó con fuerza dos heridas cortopunzantes en la cara anterior de la pierna derecha de la víctima, las cuales atendida la fuerza con que fueron provocadas transfixiaron su extremidad, ocasionándole una hemorragia con pérdida de importantes volúmenes de sangre a causa del daño importante en vasos tibiales”.

La resolución añade: “Producto de lo anterior, la víctima Jairo Cortés Rivera, mientras se desangraba en dicho lugar, pidió ayuda al acusado Matías Cortez Vallejo, para ser trasladado a un centro asistencial, sin embargo lo trasladó a bordo de la camioneta PPU LC 7256, utilizada por la víctima, hasta un lugar más alejado, ubicado en calle Del Rio S/N°, sector de tomas en sector callejón Bruno Pizarro, donde Cortez Vallejo, abandonó a la víctima al interior de dicho vehículo, sin prestarle ayuda, huyendo en dirección desconocida”.

“Momentos después, la víctima Jairo Cortés Rivera, falleció producto del shock hipovolémico y falla cardíaca generado por las heridas mortales cortopunzantes en la pierna derecha que recibió”, concluye.

El tribunal aplicó, además, a Cortez Vallejo las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.