En una actividad realizada el día viernes 11 de abril en la Corte de Apelaciones de Santiago, la ministra de la Corte Suprema Jessica González, quien lidera el Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables, presentó la Guía Práctica de Aplicación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores, con el objetivo de difundir sus principales lineamientos y promover su implementación como una herramienta clave para fortalecer la atención a personas mayores dentro del sistema judicial.
La instancia busca garantizar un acceso equitativo a la justicia con especial énfasis en personas en situación de vulnerabilidad.
La presentación de la guía fue dirigida al administrador, integrantes y secretarías de las secretarías Civil, Criminal y Especial de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Durante la exposición, realizada por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, se entregaron ejemplares impresos de la guía, elaborada para mejorar la atención a personas mayores en el quehacer judicial diario, a través de orientaciones prácticas para jueces, juezas y personas funcionarias del sistema.
El documento recoge las recomendaciones contenidas en el Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema y el Comité de Comunicaciones del Poder Judicial. Este protocolo establece directrices destinadas a facilitar el acceso igualitario a la justicia, promoviendo el respeto al principio de igualdad y no discriminación por razón de edad.
La guía fue desarrollada en el marco del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos (2022–2025) con el apoyo técnico del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y la realización de jornadas de diagnóstico en diversos tribunales del país.
Unidades de la Corte de Apelaciones de Santiago serán seleccionadas como piloto, dado el alto número de personas usuarias que atienden, lo que permitirá evaluar de manera significativa la aplicación práctica de la guía.
“La implementación de esta guía comienza con la capacitación de las personas, la identificación de las unidades clave y la elaboración de un plan de trabajo que puede extenderse por un año. Esta primera reunión tuvo como objetivo confirmar que, en la Corte de Apelaciones de Santiago —la más grande del país—, existían las condiciones para avanzar en esta tarea. Hemos tenido una muy buena recepción y una clara disposición a asumir el compromiso de participar como tribunal piloto en este proceso”, destacó la ministra Jessica González.
Con esta iniciativa, el Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia accesible, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción.