El Juzgado de Garantía de Iquique dejó hoy – sábado 12 de abril– sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva a G.C.E.A., imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos de homicidio frustrado, en carácter de reiterado -tanto por acción como por omisión- y maltrato habitual. Ilícito descubierto esta semana, en la jurisdicción.

En la audiencia de formalización, el magistrado Vicente Muratori ordenó el ingreso en prisión de G.C.E.A., por considerar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

“Hay una declaración desgarradora de la víctima y al oírla no vislumbra este juez falsedad de la misma, (…). Es un testimonio claro, con detalles, que da cuenta de momentos, lugares y formas específicas que permiten al tribunal estimar que es absolutamente creíble el delito. Esto se reafirma por la declaración de los vecinos, que vieron y grabaron; y de testigos que vieron estos maltratos. Es un cúmulo de antecedentes que dan cuenta de estos hechos”, señaló el magistrado en su resolución.

Según el ente persecutor, entre noviembre de 2023 e inicios de 2025, la imputada G.C.E.A. ejerció maltrato habitual en contra de la víctima de 13 años de edad, como agresiones con un palo en la cabeza hasta provocarle heridas abiertas; herirlo con un cuchillo en el brazo, generando una hemorragia que requirió atención médica; quemaduras y golpes con un martillo en diferentes partes del cuerpo.

Además, ejerció maltrato psicológico, tratos humillantes y vejatorios, y explotación y limitación de sus derechos como no darle alimento por días o alimentarlo con sobras; desescolarizarlo, prohibirle ingresar a la vivienda y dormir en el patio, además de restringirle el acceso al baño; obligarlo a hacer trabajos forzosos y abandonarlo en la vía pública en las noches.

Finalmente, en abril de 2025, la imputada asfixió a la víctima con un cordón dejándolo sin respiración, tras lo cual lo soltó.

El adolescente quedó a cargo de G.C.E.A. por orden del Juzgado de Familia, luego que la mujer denunciara a su pareja y padre del menor por violencia intrafamiliar y éste debió abandonar el hogar común.

La situación fue conocida gracias a una denuncia a Carabineros.