Los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Álvaro Martínez Alarcón y Joaquín Nilo Valdebenito, realizaron -el miércoles 12 de marzo- una jornada de capacitación focalizada en administradores y jefes de unidad de los tribunales reformados de la jurisdicción.

El plazo legal para efectuar o actualizar la declaración se extiende durante marzo y contempla a todos aquellos funcionarios judiciales que tienen la obligación de hacerla. Esto de acuerdo con lo establecido en la ley 20.880 sobre probidad y el acta 118-2016 del máximo tribunal.

Se trata de ministros, jueces, relatores, notarios, conservador de bienes raíces, secretarios y oficiales primeros, a los que se suman este año los administradores y jefes de Unidad de Servicios de Tribunales reformados y personal encargado de contratación o ejecución contractual de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Durante la actividad, efectuada de forma presencial y telemática, asistieron 50 personas, quienes participaron de una exposición sobre el marco teórico de la normativa y observaron la realización de la declaración en tiempo real con el fin de responder sus dudas sobre el procedimiento.

“Se realizó una capacitación que constó de dos etapas. La primera efectuada por el fiscal judicial Joaquín Nilo Valdebenito, que contó con el marco teórico de la normativa y una segunda que consistía en la implementación de la declaración de patrimonios e intereses, donde se materializaron preguntas por parte de los intervinientes solucionando todas sus dudas y conminándolos a realizar esta declaración que es una obligación legal”, sostuvo el fiscal judicial Álvaro Martínez.

En tanto, el fiscal judicial Joaquín Nilo indicó que “si bien la actividad se focalizó en los nuevos obligados, administradores y jefes de unidad de los tribunales reformados, también tuvo como objetivo el plantear y visibilizar la obligación que tenemos en el mes de marzo de realizar esta declaración como foco importante dentro de la actividad de la Fiscalía Judicial”.