El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda por despido improcedente y cobro de prestaciones interpuesta por ingeniería que prestó servicios, como analista de control, en la empresa de la empresa de gestión de residuos Hidronor Chile SA.

En el fallo (causa rol 1.173-2024), la magistrada Susana del Pilar Verdugo Pérez estableció que Hidronor no justificó la causal de “necesidades de la empresa” esgrimida en la comunicación de despido, por lo que la condenó al pago de la suma de $4.137.078 por concepto del recargo legal por años de servicios y a la devolución de $2.548.671, monto descontado del aporte patronal al seguro de cesantía de la trabajadora. Además, rechazó con costas la excepción de finiquito opuesta.

“Que, por tratarse de una acción de despido injustificado, correspondería a la parte demandada acreditar el cumplimiento de las formalidades legales. En ese sentido, ha acompañado los respectivos comprobantes de envío, además de los certificados de cotizaciones de AFP que dan cuenta de haber cumplido precisamente con las formalidades”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “En cuanto a los hechos, también correspondía acreditar aquellos que ha mencionado en la carta y, en ese sentido, la carta de despido de fecha 1 de julio de 2024, indicó lo pertinente:
‘De nuestra consideración:
Por medio de la presente, comunicamos a usted que Hidronor Chile S.A., (en adelante la ‘Empresa’ o la ‘Compañía’), ha determinado poner término a su contrato de trabajo a contar de esta fecha, por la causal establecida en el inciso 1° del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio.
La causal antes indicada se fundamenta en el proceso de reorganización y reestructuración interna de la Empresa y, particularmente en este caso, del área de Finanzas, en la cual usted se desempeña en calidad de ‘Analista de Control de Gestión’.
Esta decisión se enmarca en un contexto de cambios y readecuaciones que se han producido durante este año a nivel organizacional en las distintas áreas y zonas, y que apuntan a lograr una adaptación a una nueva realidad productiva y financiera dentro de un mercado altamente competitivo.
A mayor abundamiento, la realidad actual nos obliga a adoptar medidas para asegurar una mayor estabilidad operativa y una mejor eficiencia en la administración de nuestros recursos, a fin de poder hacer frente responsablemente a los desafíos que nos impone el mercado, debiendo en algunos casos reducir nuestra dotación, revisar los perfiles de las distintas posiciones, reestructurar la distribución del trabajo en algunas áreas, e incluso externalizar determinados servicios.
Pues bien, en esta oportunidad, la Compañía se ve en la necesidad las posiciones de Analista de Control de Gestión actualmente existentes. Hacemos presente que, en atención a lo expuesto, se elimina a contar de esta fecha su puesto de trabajo, siendo sus labores absorbidas por el personal subsistente. A mayor abundamiento, su puesto no será reemplazado’”.

Para el tribunal: “La carta nos explica, en definitiva, cómo se ha incurrido o cómo esta reestructuración de la que ha hecho alusión se vincularía, en específico, con el cargo de la actora. En ese sentido, expresa que se ha reducido la cantidad de analistas, pero no explica por qué se habría elegido a una de estas personas. Conforme a ello, se acompañó por la empresa un organigrama que da cuenta de la gerencia de administración a la fecha en que la actora prestaba servicios. En ese sentido, se desprende de aquí que existían ciertos jefes de operaciones y supervisores, entre ellos, estaba don Alejandro Kurt Voguel el cual era el jefe de control de gestión y de él dependían dos analistas, doña María José Andrades, la demandante, y don Manuel Alejandro Lillo”.

“Posteriormente –prosigue–, en el organigrama que acompaña la empresa y que se trataría de la situación de la empresa con posterioridad a la desvinculación, se puede percibir que precisamente todos los jefes y supervisores se han mantenido, esto es, doña Shirley Josefina Colmenares, doña Paola Oyarzún, doña Claudia Andrea Pereira, don Alejandro Kurt Voguel. Y del resto de las jefaturas y del primer organigrama podemos ver que de don Alejandro Kurt, que dependían dos personas, entre ellas, la demandante, solamente depende uno, es decir, la carta para haber cumplido el estándar de prueba que se requiere en este tipo de casos tendría que haber explicado por qué se eligió a don Manuel Alejandro Lillo por sobre doña María José Andrades, lo cual no se ve reflejado en esta. Por lo tanto, la carta no está dotada de la suficiente especificidad. A mayor abundamiento, es posible apreciar precisamente de los mismos organigramas que respecto del resto de las jefaturas se han mantenido todos los personales, es decir, respecto de doña Shirley, se mantuvieron a las cuatro personas que dependían de ella; respecto de doña Claudia Andrea Pereira, la misma situación, también se mantuvo a la misma cantidad de personal”.

“Por lo tanto, resulta, además, contraintuitivo que se proceda a la contratación de una nueva persona, sobre todo en un cargo que la misma testigo ha declarado que está directamente vinculado con absorber parte de las funciones que se han señalado. En ese sentido, la misma parte demandada ha acompañado el contrato de trabajo de don Nicolás, el que consta que fue contratado el día 21 de agosto de 2024, es decir, con posterioridad al despido de la actora. Por lo tanto, no se condice con la causal de necesidades de la empresa que una empresa que precisamente se ve en la necesidad de optimizar sus recursos, unos días después del despido proceda precisamente a contratar a una persona en un cargo que, en definitiva, sin perjuicio de que la parte indica que tiene un nombre distinto, que se trataría de un perfil de cargo distinto, la misma testigo ha señalado que sí se encargó de hacer parte de las mismas funciones que tenía la actora, por lo tanto, no resulta lógico, en esta línea de ideas, que una empresa que se ve en la necesidad de recurrir a la causal de necesidades de la empresa, sólo días después del despido proceda con la contratación de una nueva persona que, según la misma testigo ha declarado, que también ocupa y se encarga de las mismas funciones más allá del nombre que tenga”, detalla la resolución.

Asimismo, el fallo consigna que: “Además, es menester también mencionar que existe este antecedente de las licencias médicas que fue debidamente acreditado, que sin perjuicio que se ha indicado en las observaciones a la prueba, que ello correspondería a una tutela, no necesariamente, sino que esto simplemente es un antecedente más para efectos de declarar o estimar que la causal ha sido mal aplicada en este caso, pero la actora no estaría alegando ni cambiando su acción para señalar que había una discriminación, sino simplemente esto contribuye a reforzar la idea que la carta de despido, en definitiva, no se ha hecho cargo de explicar por qué esta trabajadora que cumplía el cargo de analista de control de gestión fue desvinculada y se mantuvo solo don Manuel Alejandro Lillo; en ese sentido, tendría que haber explicado por qué se prefirió a un trabajador por sobre otro”.

“De esta forma, no configurándose la causal aplicada, corresponde acoger la acción de despido injustificado en todas sus partes, conforme se dirá en lo resolutivo”, concluye.

Por tanto, se resuelve que:
“I.- Se acoge la acción interpuesta por doña MARÍA JOSÉ ANDRADES VIDELA, en contra de HIDRONOR CHILE S.A., todos ya individualizados, y se declara que el despido materia de este proceso no ha sido conforme a derecho por la causal invocada, no fue debidamente fundamentada y, por lo tanto, es improcedente y, en consecuencia, se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:
a) $4.137.078, por concepto del recargo establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.
b) $2.548.671, por concepto de devolución del aporte al seguro de cesantía.
II.- Las sumas indicadas precedentemente y a las que fueron condenadas a pagar la demandada, deberán incluir los reajustes e intereses, conforme a lo prescrito en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.
III.- Se rechaza la excepción de finiquito, con costas, que se regulan en $600.000, conforme se ha señalado precedentemente.
IV.- En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 13 de la Ley 14.908 y, siempre que exista la obligación legal de retener pensión de alimentos en relación a la trabajadora, el empleador deberá informarlo al Tribunal, descontar, retener, pagar y acompañar el comprobante de pago de las sumas a que se refieren los incisos cuarto y quinto del artículo 13 de la mencionada ley.
V.- Que la parte demandada deberá soportar las costas del proceso, las que se regularon en la suma de $600.000, conforme se ha indicado.
VI.- Que, ejecutoriada la presente sentencia, cúmplase con ella dentro de quinto día, en caso contrario, dé inicio a su ejecución de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo”.