La presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich,  destacó que el Estado de Derecho y la democracia se deben resguardar  mediante la ética y probidad de los abogados y magistrados. Estas reflexiones las realizó hoy -31 de enero- en una nueva ceremonia de juramento de abogadas y abogados. 

“La ritualidad que caracteriza esta ceremonia representa de manera fiel el pacto que se acaba de sellar entre ustedes, nuevas abogadas y abogados, y la República, que les confía uno de los atributos que a la vez es fin y justificación de la existencia misma del Estado: colaborar con la paz social y la seguridad jurídica. Por ello, no es casual que ustedes que, a partir de hoy, tienen esa prerrogativa, como contrapartida son depositarios de ciertos deberes que no pesan sobre otras profesiones con la magnitud como en la nuestra. Me refiero a la honradez, honestidad, con la que han de ejercer su título, y se trata de un imperativo que el soberano, a través de la ley, ha consagrado como condición de este acto de confianza que se les brinda”, explicó.

“La ética del abogado se concibe como un conjunto de normas y de principios que guían la conducta profesional, dentro de los cuales se contempla la honestidad, la integridad, la lealtad, la confidencialidad, la independencia, y el respeto por los derechos de los clientes o representados y las normas legales y éticas vigentes (…) Como es fácil advertir, estos deberes, que son indudablemente vinculantes para toda persona que ha prestado el juramento o promesa de rigor, contienen mandatos de un correcto actuar que exceden, con creces, el vínculo entre abogado y cliente, y que posicionan al primero como garante del adecuado funcionamiento de los procesos judiciales, de la institucionalidad que lo sostiene y de los objetivos del sistema de justicia”, añadió la autoridad.

La presidenta (s) resaltó que la obligación es aún mayor para los jueces y juezas del Poder Judicial. “La probidad, afortunadamente, es un principio, regla y valor que se exige a todas las personas que ejercen funciones públicas, y que con especial vigor ha de ser demandado a quienes tienen el delicado rol de solucionar los conflictos de relevancia jurídica. No hay duda, respecto de quienes imparten justicia y de aquellos que colaboran en ese rol, que sobre ellos recae con especial ímpetu este paradigma en la forma de asumir la función; el mero sometimiento a reglas legalmente exigibles no es suficiente para responder al desafío de superar el estándar de comportamiento que implica la probidad, por lo que la ética, en sus diversas dimensiones, adquiere un particular valor para la legitimidad del ejercicio de la jurisdicción y de la confianza social que está depositada en ella.   En definitiva, las actuaciones judiciales, los procesos judiciales y el resultado final, requieren de jueces, juezas, personas tanto funcionarias como abogadas que sean cuidadores de la honradez y dignidad de sus funciones, lo que exige un sentido ético en cada una de sus actuaciones u omisiones, siendo leales con los objetivos de justicia que justifican la existencia de la profesión jurídica y de la función jurisdiccional”.