La ministra de la Corte Suprema Adelita Ravanales participó en el encuentro “Reforma al Sistema de Gobierno Judicial: análisis y perspectivas”, organizado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también ejerce como académica.

El coloquio se inició con una exposición del profesor de Derecho e investigador permanente de la University of Sheffield, Pablo Castillo -Ortiz, especialista en gobierno judicial y justicia constitucional, el que posteriormente dio paso a un panel de conversación integrado por la ministra Ravanales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo y los exministros de esa cartera, Hernán Larraín y José Antonio Gómez.

“Lo que yo encuentro en mi investigación es precisamente que para tener altos niveles de calidad democrática no importa tanto el modelo específico de gobierno judicial, sino que se trata de que sean modelos de gobierno judicial que garanticen la independencia judicial y la baja corrupción judicial”, señaló el experto internacional Pablo Castillo-Ortiz.

Asimismo, subrayó la importancia de considerar y abordar paralelamente los temas disciplinarios. “Normalmente vemos que los actores políticos siempre enfatizan mucho la cuestión de cómo regular los nombramientos, las promociones dentro de la carrera judicial; y la cuestión disciplinaria queda en un segundo plano. Yo considero que a las cuestiones disciplinarias habría que darle tanta importancia como las cuestiones de nombramiento”.

Por su parte la ministra Ravanales expresó que “la independencia judicial, más que una garantía para los jueces es una garantía para los justiciables, de saber que sus decisiones van a ser adoptadas por los jueces con total independencia de cualquier presión”.

En cuanto al sistema de nombramientos, el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, dijo que “lo que se busca a través de modificaciones legales es fortalecer esa independencia con sistema de nombramiento de jueces que den garantías, que no sean como lo son hoy, discrecionales y opacos, sino que, fundados en el mérito, en procesos públicos y transparentes que garanticen tener a los mejores jueces y que estos tengan la plena libertad para resolver conforme al derecho”.