Corte Suprema entrega Sello de Acceso a la Justicia de Persona Mayores a tribunales del país

18-diciembre-2024
El Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos y Personas Vulnerables del Poder Judicial realizó -ayer 17 de diciembre- una ceremonia de entrega del Sello de Acceso a la Justicia de Persona Mayores en el Centro de Medidas Cautelares de Santiago cuyo propósito fue distinguir a tribunales que participaron en la creación de la Guía Práctica de Aplicación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores.

El Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos y Personas Vulnerables del Poder Judicial realizó -ayer 17 de diciembre- una ceremonia de entrega del Sello de Acceso a la Justicia de Persona Mayores en el Centro de Medidas Cautelares de Santiago cuyo propósito fue distinguir a tribunales que participaron en la creación de la Guía Práctica de Aplicación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores.

La ceremonia fue presidida por la ministra de la Corte Suprema, Jessica González, encargada del Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos y Personas Vulnerables del Poder Judicial, y organizada por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH), secretaría técnica de la entidad.

A la actividad asistieron el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo y la presidenta del Centro de Medidas Cautelares, Lorena Bruna.

El Sello de Acceso a la Justicia de Personas Mayores es una forma de visibilizar a aquellos tribunales que han implementado medidas concretas para hacer que la justicia sea más accesible, inclusiva y respetuosa para este sector de la población.

Para la ministra Jessica González la entrega de sello a los tribunales “está reconociendo que no solo elaboraron la guía práctica o el protocolo, sino que lo han aplicado, y aplicarlo significa adoptar medidas al interior de los tribunales por los jueces y todas las personas que participan en recibir a las personas generando un mejor acceso a la justicia”.

Por videoconferencia, también asistieron los participantes de la iniciativa representados por el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, Claudio Arias; la jueza de Primer Juzgado Civil de Viña del Mar, Gabriela Guajardo; el juez  del Juzgado de Garantía de Angol, Daniel Riquelme; la jueza presidenta  del Juzgado de Letras y del Trabajo de Iquique, Catalina Casanova; la jueza del Primer Juzgado de Policía Local, Marcela Muñoz y el juez presidente Juzgado de Letras, Garantía Y Familia de La Unión, Pablo Salas. Tofos ellos fueron distinguidos y reconocidos se de forma telemática.

Al culminar la ceremonia,  el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo, entregó el Sello de Acceso a la Justicia de Personas Mayores a la jueza presidenta del Centro de Medidas Cautelares, Lorena Bruna.

“Se viene a reconocer el trabajo que realizamos hace muchísimos años, hemos hecho diversas actividades de concientización, sensibilización, capacitaciones. Tenemos acuerdos colaborativos con distintas instituciones, con universidades, para proveernos de abogados que representen a personas mayores en el Centro de Medidas Cautelares”, afirmó la magistrada Lorena Bruna al recibir el sello.

La entrega del sello es una etapa culmine de una serie de acciones que se enmarcan en el 2º Plan Nacional de Derechos Humanos (2022-2025), regulado por el Auto Acordado Nº 34-2022, que fijó como uno de sus primeros compromisos el fortalecimiento del acceso a la justicia para las personas mayores.

En una primera etapa se desarrolló Guía Práctica de Aplicación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas, en la cual participaron los tribunales distinguidos, mediante entrevistas que sirvieron de diagnóstico para su realización. Posteriormente se impartió un seminario de presentación del documento y se realizó un taller de capacitación por parte  del Servicio Nacional del Adulto Mayor.

La entrega del sello es la última fase de la iniciativa que busca implementar prácticas que facilitan el acceso a la justicia para las personas mayores, promoviendo la igualdad, el respeto y la protección de sus derechos fundamentales.

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