El Juzgado de Garantía de Coronel dejó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional del alcalde reelecto de la comuna Boris Felipe Chamorro Rebolledo, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado y reiterado de cohecho. Ilícitos que habría cometido en su anterior periodo como jefe comunal.

En la audiencia de formalización (causa rol 2.215-2023), que se extendió por seis días, el magistrado Daniel Ortiz Pérez desestimó la prisión preventiva del edil, solicitada por la fiscalía y fijó en tres meses el plazo de la investigación.

En tanto, el empresario y fundador de la empresa Puerto Coronel Eduardo Alfonso Hartwig Iturriaga y el gerente de finanzas de la compañía Daniel Benito Chamorro Madariaga, imputados como autores de los delitos consumados y reiterados de soborno, administración desleal e infracciones tributarias, quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional y arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional, respectivamente.

En el caso del transportista Víctor Domingo Olivares Matamala, imputado como autor de soborno y delitos económicos consumados y reiterados, el tribunal lo dejó sujeto a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Finalmente, los imputados Hernán Elías Romero Sáez (administración desleal y delitos económicos), el concejal coronelino Eduardo Néstor Araya Poblete (cohecho y delitos económicos) y Javier Antonio Anwandter Hammersley (administración desleal y delitos económicos) no se les impuso ninguna medida cautelar, por entender el tribunal que la fiscalía no aportó indicios suficientes para justificar alguna restricción a su respecto.

Según el ente persecutor, al menos entre mayo de 2022 y noviembre de 2023, el presidente del directorio de Puerto Coronel, Eduardo Hartwig Iturriaga, realizó pagos periódicos al alcalde de la comuna Boris Chamorro Rebolledo, concertándose con el contratista Víctor Olivares Matamala y el gerente de Administración y Finanzas de la firma portuaria, Daniel Chamorro Madariaga, mediante la instrucción a su subalterno que se coordinara con Olivares Matamala, para que este emitiera facturas ideológicamente falsas por presuntos servicios prestados por parte de la empresa Transol.

En este tinglado, Olivares Matamala enviaba cotizaciones y Chamorro Madariaga emitía las órdenes de compra mediante el procedimiento ordinario de proveedores y luego transfería el dinero desde Puerto Coronel hasta una cuenta de Transol, el que Olivares Matamala entregaba en efectivo al alcalde Chamorro. En total se generaron cinco facturas por un monto de $82.000.000 que fueron entregados en 21 pagos al alcalde Chamorro.

Asimismo, entre julio de 2021 y noviembre de 2023, Eduardo Hartwig habría realizó pagos periódicos al concejal Araya Poblete, para lo cual se concertó con Daniel Chamorro y Víctor Olivares, repitiendo el modus operandi anterior. Posteriormente, Olivares Matamala entregaba ese dinero a Eduardo Araya Poblete, mediante transferencias electrónicas.

Transol emitió seis facturas, para realizar un total de 30 pagos, por un monto total de $69.750.000 al concejal, quien para justificar estos ingresos emitía facturas ideológicamente falsas de su empresa Inversiones Los Franciscanos SpA.

El tercer hecho imputado e indagado, involucra a Eduardo  Hartwig, como presidente del directorio de Puerto Coronel; Javier Anwandter Hammersley, como gerente general y Daniel Chamorro Madariaga, como gerente de Administración y Finanzas.

Según fiscalía, Hartwig desde su nombramiento, poseía un poder general amplio para actuar en representación de Puerto Coronel. En dicho cargo, además, el 30 de abril de 2021, fue nombrado como “apoderado clase C” con facultades de administración, por lo que para en materia de adquisición o enajenación de bienes o gestionar cuentas bancarias u otros instrumentos mercantiles, debía actuar con un apoderado clase A o B. En el caso de Anwandter, gerente general desde 2013, se le nombró apoderado clase A, y Chamorro Madariaga era apoderado clase B.

En dicho contexto, al menos desde enero de 2019 a noviembre 2023, los tres ejecutivos abusando de sus facultades, conocimiento de la empresa, recursos y controles existentes, crearon un esquema defraudatorio que respaldaron con la emisión de facturas ideológicamente falsas, defraudando a la compañía por un monto calculado en $1.022.408.333.

En una segunda modalidad, Hartwing, de acuerdo con Anwandter y Chamorro Madariaga, recibía pagos por sobre el monto asignado a los directores de Puerto Coronel, por lo que emitía facturas falsas por servicios no prestados a través de la Sociedad Inversiones y Servicios Codegua Ltda, o registraban pagos como anticipo a dicha empresa como supuesta proveedora. De esta forma, Hartwing recibía un monto promedio de 212 UF mensuales, lo que aumentó el 2022, sin conocimiento y aprobación del directorio de Puerto Coronel.

De este modo, entre 2020 y 2023, Hartwig en concierto con Anwandter y Chamorro Madariaga, desvió un total de $616.102.224 de patrimonio de la empresa.

Además, Hartwig, en conjunto con Anwandter, instruyeron a Chamorro Madariaga a que realizara otros desembolsos irregulares por las sumas de $5.000.000 con cargo a la presidencia del directorio; $ 10.000.000 con cargo a fondos reservados, y $15.000.000 depositados en una cuenta de Olivares.

Facturas falsas y permutas

En una tercera modalidad defraudatoria, Hartwig, Anwandter y Chamorro Madariaga realizaron extracciones de dinero en favor de Olivares sin justificación, ni servicios prestados, cuyo destino final el propio Hartwig, a veces disimulado con la emisión de facturas falsas. Modalidad que provocó un perjuicio a Puerto Coronel que alcanza a $85.632.400.

Asimismo, Harwig y Anwandter concertados con Romero Sáez crearon un esquema defraudatorio en perjuicio de Puerto Coronel, a través de la permuta de bienes con la sociedad inmobiliaria Delsava SA, acordando la adquisición de seis inmuebles (de 5.731,2 metros cuadrados en total), colindantes a Puerto Coronel, para que estos fueran objetos de una permuta por un inmueble de 15.000 metros cuadrados de propiedad de la empresa portuaria, traspasándose a favor de Delsava una diferencia $74.380.514, sin escriturización o inscripción de permuta o traspaso de título.

Pese a que la permuta nunca se perfeccionó, Puerto Coronel entregó la tenencia del inmueble a Delsava, que le cobró arriendo y lo justificó a través de facturas ideológicamente falsas por un total de $67.830.000, causando un perjuicio total a Puerto Coronel de $492.830.000.

Finalmente, entre marzo de 2019 y noviembre de 2023, Hartwig, Anwandter y Chamorro Madariaga intervinieron en la obtención de facturas falsas para rebajar la carga impositiva provocando un perjuicio fiscal de 271.008.804, monto actualizado a septiembre pasado, que se eleva a $325.971.303.

Asimismo, los imputados Hartwig, Anwandter y Chamorro Madariaga participaron en el registro y la declaración de facturas falsas para que Puerto Coronel solicitara devolución de IVA exportador, logrando la devolución indebida de $140.463.903 (o $171.505.810 actualizados).