Con el fin de interiorizarse sobre los alcances de la Ley 21.527, la cual entrará en vigencia el próximo 13 de enero en la región de Los Lagos, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt organizó una jornada de capacitación en conjunto con la Dirección Regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil Los Lagos.

La instancia fue encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Patricio Rondini Fernández-Dávila; el juez presidente del TOP, Andrés Villagra Ramírez; y el juez presidente del Juzgado de Garantía de la comuna, Francisco Almonacid Faúndez, y contó con la asistencia de jueces, administradores, jefes de unidades y funcionarios de ambos tribunales con competencia penal.

La actividad se inició con la intervención del juez del Tribunal Oral en lo Penal anfitrión, Jorge Díaz Rojas, quien abordó “Aspectos generales de la Ley 21.527”. A continuación, expuso la directora regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Ximena Valenzuela Gálvez, sobre “Aspectos generales del nuevo Servicio y modelo de intervención especializada”. Posteriormente, la profesional en línea del nuevo Servicio, la trabajadora social Valeska Díaz Barría, explicó los alcances del “Informe técnico”, para concluir con la ronda de preguntas.

El presidente del tribunal de alzada, Patricio Rondini, destacó la iniciativa y preocupación del TOP de Puerto Montt por prepararse para la entrada en vigencia de la ley en la jurisdicción. Asimismo, agradeció a las expositoras invitadas y ofreció la disponibilidad de la Corte para suscribir un convenio interinstitucional que permita agilizar los procesos de comunicación y, por tanto, la tramitación de las causas penales con imputados jóvenes y adolescentes, en el marco de la aplicación del nuevo cuerpo normativo.

El juez presidente del TOP de Puerto Montt, Andrés Villagra Ramírez, por su parte, indicó que “por lo que pudimos apreciar todos en el desarrollo de esta actividad, fue bastante provechosa, toda vez que se trata de inducirnos de alguna forma a un “corpus iuris” nuevo, que empieza a regir a partir del 13 de enero de 2025 en la región y es importante que ya nos vayamos capacitando para desempeñarnos de buena forma, ante este nuevo escenario jurídico”.

“Por lo que se vislumbró -continuó- en las preguntas que se realizaron, se viene un periodo de adaptación importante de todas las instituciones, tribunales, el propio Servicio, Ministerio Público, las defensas, porque se trata de una figura nueva en la cual se tiene como centro al adolescente aún más que en la vigente Ley 20.084 y, en ese orden de idea, nos va a demandar bastante estudio y preocupación, de manera de poder responder a lo que se espera de la judicatura en general”.

El juez Jorge Díaz, en tanto, valoró el diálogo con la directora regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil y la profesional encargada de la elaboración de los informes respectivos, resultó muy interesante. “En esta interesante jornada me correspondió efectuar un análisis general de la reforma a la Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, poniendo énfasis en las complejidades que su ejecución puede producir y las coordinaciones necesarias entre todos los intervinieses del sistema penal, para que podamos tener un abordaje adecuado a la problemática referida a los jóvenes infractores de ley”, resaltó.

El juez presidente del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, Francisco Almonacid Fáundez, coincidió en la importancia del diálogo entre los distintos organismos que intervienen en la justicia penal adolescente. “Nos permite mantenemos actualizados en el quehacer de cada de uno de nosotros, pero también podemos aunar criterios y mejorar y optimizar los procesos, para que la implementación de la reforma a la Ley 20.084 resulte de la mejor forma posible, teniendo en consideración que ya en enero vamos a estar aplicándola íntegramente”, expresó.

“Hay ciertas cosas que son súper relevantes para nuestro trabajo cotidiano, particularmente lo que tiene que ver con la elaboración de informes técnicos para la determinación en concreto de pena de adolescentes es un insumo que es necesario, la ley nos obliga a considerarlo y, por lo demás, coayuda a que la sanción que se aplica sea la más idónea; entonces, conocer los criterios de elaboración, los tiempos en que va a estar disponible y los criterios profesionales que se van a aplicar en ello es súper importante, porque nos permite anticiparnos a cómo analizar el contenido de esos informes”, precisó.

Coordinación interinstitucional
La directora regional del nuevo servicio, Ximena Valenzuela Gálvez, destacó la proactividad del Poder Judicial para generar esta actividad. “Para nosotros es muy propicio esto, porque nos permite llegar con toda la información que es necesaria para implementar el nuevo sistema”. Además, valoró la atención, la participación y las preguntas durante la jornada. “Eso enriquece algo que estamos también instalando en este momento y, por lo tanto, nos vamos nutriendo de los actores del sistema judicial, para mejorar, ver aquellos puntos que tal vez no hemos visto y, a la vez, también para entender las expectativas y la necesidad de coordinación que vamos a tener en adelante”, añadió.

Con respecto a la disposición planteada por el presidente Patricio Rondini de suscribir un convenio de coordinación y colaboración interinstitucional, la directora regional Ximena Valenzuela manifestó que “es algo que agradecemos, porque vamos a necesitar mucha coordinación a todo nivel y que el presidente de la Corte ponga a disposición esta voluntad facilita mucho el trabajo que vamos a tener que realizar”.

Finalmente, la trabajadora social Valeska Díaz, quien estará a cargo de la elaboración de los informes técnicos del Servicio, explicó que “es un instrumento que va a permitir a los tribunales una mejor aplicación de la sanción, en el sentido que el informe da cuenta de una oportunidad para los jóvenes, en relación a que exista una mirada, una radiografía del adolescente sobre sus antecedentes personales, educacionales, de salud, su interés por el mundo laboral, aquellos factores protectores que permiten al adolescente desistir del delito y también aquellos factores de riesgo”.

“Con esta radiografía del adolescente, el tribunal va a poder resolver una sanción más idónea para ellos, por ejemplo, si hay un joven que por primera vez comete un delito, no va a ser sancionado de la misma forma que otro joven que cometió el mismo delito, pero ya tiene una historia de comisiones de delitos anteriores”, añadió.

“Entonces la idea es que sea una oportunidad tanto para el adolescente como también para el tribunal de ayudarlos y además esto los faculte a elegir la mejor sanción para el adolescente, siempre en la dinámica y en la mirada que apunta a las oportunidades de reinserción social que los jóvenes puedan tener”, concluyó.

La Ley 21.527 entrará en vigencia en su segunda etapa de implementación, en las regiones de la zona sur de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Finalizará su implementación en 2026 en la zona centro, en las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana.