El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera reflexionó sobre el rol del Estado y de los abogados en acercar la justicia a las personas con discapacidad, logrando así un Estado de derecho para todos y todas.
 
Estas reflexiones las realizó en una nueva ceremonia de juramento de abogados y con motivo de una nueva conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado por la Asamblea de las Naciones Unidas, con la finalidad de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todas las áreas de la sociedad, junto con la generación de conciencia acerca de su situación en los diferentes aspectos de la vida social, política, cultural y económica.
 
“Por su vocación de servicio a la comunidad, su formación como juristas, es evidente que no pueden ser indiferentes a diversas manifestaciones de injusticia. De ahí emana la preocupación permanente de los abogados por los grupos de especial vulnerabilidad y se yergue como un mandato ineludible para ustedes, el despliegue de una actuación profesional decidida con el objeto de restablecer la justicia quebrantada”, explicó.
 
La autoridad repasó los principales hitos normativos internacionales, como por ejemplo: La “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”,  la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, entre otras. A nivel nacional, mencionó las leyes que establecen reglas especiales para apelación en causas relativas a discapacidad; la que fija normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad; la que crea medidas contra la discriminación, y en particular, establece una acción especial antidiscriminación; la que tipifica un nuevo delito de maltrato e incrementa la protección de personas en situación especial; y aquella que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.
 
“Como institución, el Poder Judicial también ha implementado acciones que persiguen estos objetivos comunes, subrayo la incorporación de políticas internas y modificaciones a las instalaciones judiciales que se realizan en coordinación con el Servicio Nacional de la Discapacidad, la capacitación de integrantes del Poder Judicial sobre acceso a la justicia para personas en esa condición. El Protocolo de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, aborda específicamente el instrumento aplicable a los sujetos con discapacidad, bajo la idea de aportar un conjunto de recomendaciones referentes a la aplicación de un lenguaje, comunicación e información desprovistos de elementos discriminatorios u ofensivos, de un modo comprensible y adecuado a su discapacidad; el fortalecimiento de la accesibilidad física de los tribunales; la implementación de una atención acorde con tales necesidades, como su trato prioritario, la estricta puntualidad de las audiencias y evitar comparecencias que no sean necesarias; a lo que se suman medidas para evitar la discriminación múltiple. Finaliza el capítulo del protocolo dedicado a la discapacidad, sugiriendo acciones específicas en forma diferenciada para la discapacidad física o motriz, auditiva, visual, intelectual, mental y psicosocial”, detalló.
 
Por último, llamó a los nuevos abogados y abogadas a capacitarse y estar constantemente interesados en esta materia: “Todos los esfuerzos normativos e institucionales que puedan realizarse carecen de sentido si no se acompañan de la conciencia y conocimiento de los operadores del sistema de justicia, y en particular de los abogados, que son los llamados a representar los derechos de las personas en especial situación de vulnerabilidad, y que suelen ser los primeros en conocer sus necesidades jurídicas. Sin profesionales del Derecho conocedores de este contexto y su importancia, dotados de todos los atributos  requeridos, no será factible alcanzar el fin de todo Estado que se precie de ser democrático y garante de los derechos humanos”.