El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, inauguró el “Encuentro Regional de Juezas y Jueces: “Aplicación de la Prohibición de la Tortura: el rol de la judicatura en su prevención con perspectiva de género”, organizado por el Poder Judicial y diferentes entidades nacionales e internacionales.

La actividad de dos días tiene tiene como objetivos fomentar el diálogo y la reflexión acerca del rol de la judicatura sobre la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con énfasis en la situación de las mujeres y las personas LGBTI+; y presentar y socializar fallos, prácticas o estrategias destacadas de la judicatura en los países de las Américas, cuyas prácticas han aportado a la protección de los derechos, particularmente para mujeres y personas LGBTI+.

“Ante la tortura, es deber de los Estados prevenir, investigar y sancionar este delito y reparar a sus víctimas. Estas obligaciones derivan de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,  las cuales afirman estas garantías en favor de todas las personas”, dijo la autoridad.

En su discurso, destacó los avances significativos que el Estado de Chile ha realizado respecto del tratamiento legal e institucional contra la tortura. Mencionó la Ley N° 20.968, que tipifica los delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que concluyó, tiempo después, en la promulgación de la Ley N° 21.154, que creó el Mecanismo Nacional para la Prevención contra la Tortura.

Resaltó los avances del Poder Judicial, mediante  iniciativas tendientes a incorporar los derechos humanos en el centro de la actividad de la judicatura, en particular, respecto de los grupos vulnerables. 

El presidente destacó la creación, en octubre de 2023, del cometido de Ministro Encargado de Asuntos de Derechos Humanos; la Oficina de Coordinación Nacional de Causas de Derechos Humanos 1973-1990; la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación;  la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial; el Cuaderno de buenas prácticas para incorporar perspectiva de género en la administración de Justicia el Informe sobre acceso a la justicia de las personas LGBTI+.

“Ciertamente, todas estas innovaciones están destinadas a colaborar, desde la observancia a estándares de derechos humanos, con aquellas funciones propias del Poder Judicial en la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que debe manifestarse principalmente desde nuestra función jurisdiccional, ya que la debida sanción a quienes resulten responsables de estos actos constituye no solo un acto de justicia con quien fue objeto de tortura, sino que también es un mensaje para la sociedad, consistente en que estas acciones no quedarán impunes. Sin duda, la prevención de la tortura es un tema central en el quehacer del Poder Judicial, que debe ser tratado por la judicatura integrando enfoques y marcos normativos propios de los derechos humanos”. abarcando asuntos concernientes a la situación de mujeres y de personas LGBTIQ+ privadas de libertad en el sistema penitenciario, el control judicial en las primeras horas de detención y de la ejecución penal, y los enfoques diferenciados en relación con las personas que se encuentran presas.

Esta instancia se lleva a cabo en un contexto de gran relevancia para los organismos encargados de la prevención de la tortura a nivel mundial, dado que el próximo 10 de diciembre se conmemoran 40 años de la adopción de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta convención fue adoptada el 10 de diciembre de 1984 con el propósito de hacer más efectiva la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo.

Durante la ceremonia de inauguración tomaron la palabra el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz; el ministro  encargado de Asuntos de Derechos Humanos, Leopoldo Llanos;  la presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile,  Yamileth Granizo; y  la Integrante del Consejo Consultivo de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Olga Espinoza.