El Juzgado de Garantía de Concepción dejó hoy –jueves14 de noviembre– sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Cristián Alejandro Reyes Castro, Estela Betsabet Soto Ulloa, Diego Armando Reyes Garay y Javier Agustín Ramírez Núñez, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de asociación ilícita, receptación reiterada y madera, delitos tributarios y facilitación de facturas falsas. Ilícitos perpetrados entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, en diversas comunas de la Región del Biobío.
En la audiencia de formalización (causa rol 2.184-2023), el magistrado Carlos Aguayo Dolmestch ordenó el ingreso en prisión de Reyes Castro, Soto Ulloa, Reyes Garay y Ramírez Núñez, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fuga. Además, fijó en nueve meses el plazo de investigación.
En tanto, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional de los coimputados Carlos Roberto Araya Osses, Sergio Alonso Rebolledo Jara y Felipe Ignacio Moraga Roa; en tanto, Wladimir Moisés Chávez Neira quedó con arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.
Según el ente persecutor, los imputados Reyes Castro, Soto Ulloa, Araya Osses, Moraga Roa y Chávez Neira conformaron una organización para el acopio y venta de madera obtenida de manera ilícita, la que funcionó entre septiembre de 2019 y agosto de 2022. Para llevar a cabo las operaciones, utilizaron la empresa Forestal Queule, creada en 2016 por Marcelo Binimelis Alarcón y Reyes Castro, quien en 2020 quedó como único dueño. La empresa luego fue traspasada a su pareja, Soto Ulloa, y él quedó como administrador.
A través de Forestal Queule compraban madera ilícita a terceros, entre ellos Rodrigo Ormeño Gómez (condenado por sustracción de madera), conocido como el “Mentolato” y a Ramírez Núñez, apodado el “Coipo”, quienes formaban parte de otros grupos organizados que sustraían madera de predios forestales de la provincia de Arauco, como Llico, Yani, Chacay y Los Hualles. Luego vendían esta madera a reconocidas empresas del rubro, como Foraction Chili SpA, Promasa SpA y Forestal Leonera SpA, para lo que usaban facturas falsas, lo que consiguieron gracias a la colaboración de empleados de Foraction y Forestal Leonera. La madera robada era trasladada a las bodegas de acopio de Forestal Queule, ubicadas en Curanilahue o Cañete, y luego a las empresas compradoras. Ormeño Gómez y Ramírez Núñez eran los encargados de contratar el transporte.
Para ocultar la actividad ilícita, justificar la adquisición de la madera vendida y rebajar la carga impositiva, se emitieron facturas de compra de madera falsas a nombre de Forestal Queule, documentos en los cuales consignaban como vendedores a terceros que no eran clientes o alteraban las cantidades. Así lograron comercializar 207.201,32 metros cúbicos de madera por un total de $13.196.310.142.
Reyes Castro era el líder de la organización, quien daba las instrucciones, gestionaba las transacciones y manejaba las cuentas de Forestal Queule. Soto Ulloa, su pareja, figuraba como dueña de la empresa, ayudó a obtener documentos de falsos proveedores y falsas guías de despacho y también manejaba las cuentas. En el caso de Ayala Osses, manejaba las claves de los contribuyentes y emitía las facturas falsas. Moraga Roa, en tanto, entregaba facturas falsas y Chávez Neira entregaba o revisaba las guías de despacho falsas.
Estructura que, entre septiembre de 2019 y agosto de 2022, le permitió a Forestal Queule obtener un crédito fiscal por $787.853.596, vinculado al uso de facturas falsas por un total de $4.934.451.466. A su vez, pudieron rebajar $787.853.696 de IVA por el uso de facturas falsas de servicios que nunca se prestaron, vinculadas a actividades por $4.146.597.870.
Los dineros ingresados a las cuentas de Forestal Queule luego eran traspasados a la cuenta personal de Reyes Castro, a través de transferencias, cheques o dinero en efectivo. Parte de estos montos se invirtieron en fondos mutuos, en el extranjero y se depositaron en la cuenta de su hijo Reyes Garay, quien también invirtió fuera del país. En tanto, Reyes Castro adquirió un vehículo por $62.490.000, el que luego transfirió a Rebolledo Jara, quien nunca lo utilizó. Todo esto fue propiciado por Soto Ulloa, quien autorizó todas las transacciones e, incluso, solicitó un crédito por $600.000.000 a nombre de la empresa.
Finalmente, entre 2021 y 2023, Ramírez Núñez lideró otra asociación ilícita para el hurto de madera, entregaba las indicaciones sobre los predios a intervenir, manejaba las cuentas y contactaba a los compradores. Orgánica en la que José Reinaldo Barraza Panchilla, Osvaldo Gabriel Puentes Álvarez, Julio Alberto Bocaz Quilodrán, Leonardo Arturo Condeza Dartwig, Felipe Andrés Mora Saravia y Néctor Damián Aguayo Martínez (imputados en causa diversa) manejaban los camiones que transportaban la madera.
