La semana recién pasada se realizó, en dependencias de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, una mesa de trabajo denominada “Desafíos y oportunidades derivada de la coordinación intersectorial orientada a la atención a víctimas de violencia de género”. Iniciativa del Juzgado de Familia y que tuvo como objetivo analizar los nudos críticos y promover acciones orientadas a mejorar los flujos de derivación y atención desde la oferta programática local e intervención judicial.

La actividad tuvo la presencia de la ministra encargada de asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones, Natalia Rencoret Oliva; la directora regional de Sernameg, María Patricia Baeza Cabezas; el juez de Garantía Mario Devaud Ojeda, representantes de la Fiscalía Regional, de la Municipalidad de Coyhaique, del Centro de las Mujeres, del Programa de Prevención de la Violencia de Género y de la Corporación de Asistencia Judicial.

Sobre la instancia, el magistrado Rudy Hald Ramírez, sostuvo que “sin dudas que el trabajo intersectorial para abordar esta temática de violencia es fundamental, y sobre lo mismo, queríamos hacer presente que desde la entrada en vigencia de la Ley 21.675 que estatuye las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género, se hace necesario actualizar el abordaje de esta temática de acuerdo a los principios de esta Ley”.

En este sentido, agregó que “un aspecto de relevancia es el resguardo de los derechos y garantías procedimentales de las víctimas de violencia de género que se establece a contar con la asistencia y representación judicial. Incorporando una visión más integral que incluye la visibilización de los hijos que viven en un contexto de violencia, especialmente también cuando se refiere a la incompetencia del tribunal y las medidas que se deben adoptar”.

“Bajo este escenario es relevante contemplar aquellos imperativos culturales asociados al género para poder visibilizar la desigualdad estructural que permita encauzar acciones desde un acceso a la justicia igualitario. Lo que se asienta en tratados internacionales sobre esta materia y en las políticas institucionales del Poder Judicial cuando se trata de otorgar justicia a aquellos grupos definidos como vulnerables”.

El magistrado concluyó que: “así entonces, el trabajo de esta mesa permitirá generar espacios de diálogo orientados a un trabajo intersectorial que fomente la incorporación de la perspectiva de género e interseccionalidad y desde el orden práctico, permita visibilizar no tan solo aquellos nudos críticos que surgen de la intervención judicial, sino que además desarrollar consensos que nos permitan generar un abordaje adecuado y definir estrategias con un enfoque territorial que tienda a subsanar aquellos defectos que se han referenciado antes, que es en relación con la falta de coordinación y solución de estos nuevos críticos”.