El Trigésimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 por concepto de daño moral, a X.A.C.G., detenida, tortura y violada por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en 1985.

En el fallo (causa rol 3.933-2022), la magistrada Daniela Royer Faúndez rechazó las excepciones de prescripción y reparación integral planteada por el fisco, tras establecer que la demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad.

“Que si bien la demandada no ha cuestionado la configuración del daño moral padecido por la actora –sino únicamente la suma pedida a su respecto–, la parte demandante rindió prueba documental para acreditar su detrimento, destacándose en este punto el informe sicológico, elaborado por el psicólogo Javier Castro Alfaro y por la médico internista doña Pamela Jeria Ortiz, del PRAIS SSMSO, agregado a folio 29, quienes indican que la actora presenta sintomatología asociada a un trastorno de estrés postraumático, con la presencia de síntomas perteneciente a este cuadro: reacción de comportamientos evitativos ante estímulos externos que ella vincula a la situación de violencia, distanciamiento y desapego de otras personas, sueños de carácter traumático y una percepción negativa ante la vida”, consigna el fallo.

La resolución agrega: “Que a la misma conclusión arriba el informe sicológico elaborado por la psicóloga Massiel Cerna Cuevas, acompañado a folio 21, quien afirma que doña (...) está atravesando por síntomas asociados a un trastorno de estrés postraumático, en relación a la vulneración de sus derechos humanos fundamentales a contar del mes de abril de 1985, donde fue detenida, violentada y torturada de diversas maneras; lo que perjudicó de forma significativa la vida de la evaluada y de su núcleo familiar, sufriendo daños físicos y adicionales, como trauma psicosocial, aislamiento de su familia, amedrentamiento, persecución sostenida y exilio en Australia”.

“Agrega dicho documento que también se puede valuar el daño moral en función a la afectación somática que sufre la víctima: pérdida de sueño o apetito, automedicación, enfermedad en la piel, músculos, articulaciones, entre otros; unido a ser víctima de daño moral sexual, sufriendo perjuicios relacionados a esta esfera íntima”, releva.

Para el tribunal: “(…) de los informes técnicos mencionados, es dable dar por acreditado que producto de la prisión política y torturas sufridas, la vida de la actora sufrió un cambio radical y profundo, dado que dicha experiencia traumática afectó y alteró todos los ámbitos de su vida en forma permanente, llevándola a radicarse por más de veinte años en Australia, con el consecuente desarraigo y desmembramiento familiar y social”.

“Que correspondiendo avaluar prudencialmente el daño moral padecido por la actora, considerando las secuelas mencionadas, las repercusiones psicológicas profundas y persistentes a lo largo de los años y la reparación pecuniaria ya recibida por parte del Estado, este será estimado en la suma de $100.000.000 (cien millones de pesos)”, ordena.