El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, estableció que el país y el sistema de justicia deben considerar a los más desprotegidos como un grupo de la población que deben ser protegido para que puedan acceder a sus derechos más elementales. “Los pobres no pueden esperar, dijo la autoridad.
Estas reflexiones las realizó en una nueva ceremonia de juramento de abogadas y abogados, en que se refirió al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que este año, según promueve la Organización de las Naciones Unidas, se ha enfocado en el maltrato social e institucional que padecen las personas que viven en situación de pobreza.
“Me ha parecido interesante abordar esta situación que afecta a una parte importante de nuestra población, ya que, con toda justicia, en los últimos años se ha puesto el foco en la superación de las barreras que experimentan los sujetos pertenecientes a determinados grupos vulnerables. Ciertamente, niños, niñas y adolescentes, individuos mayores, pueblos indígenas, afro descendientes, personas con discapacidad, migrantes, diversidades sexuales y refugiados, entre otros, corresponden a categorías de grupos que requieren una atención especial por el Estado y en particular por el sistema de justicia. La pobreza no siempre es destacada como una condición generadora de afectaciones de múltiples dimensiones y en muchos casos, las personas de escasos recursos no tienen un real acceso a la justicia”.
La autoridad destacó que la pobreza suele ser un factor multiplicador de vulnerabilidades y de estados que profundizan las desigualdades. “De este modo, el acceso real a la justicia y los esfuerzos del Estado para hacerlo posible, aparecen especialmente importantes frente a la precariedad de recursos económicos. En ese entorno la ONU en sus Principios Rectores sobre Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, gráfica bien las implicancias jurisdiccionales de esta condición, al señalar que la pobreza, frecuentemente, reduce la capacidad de acceder a la justicia o de buscar la reparación por las acciones o por las omisiones que les hubieren injustamente afectado, pues tropiezan con barreras que van desde la incapacidad de interponer los medios de acción judicial hasta el incumplimiento de las decisiones jurídicas que les favorecen”.
“Finalmente les reitero mis felicitaciones por el logro que han obtenido, las que hago extensivas a sus familiares, amigos y a todos quienes colaboraron para la investidura que hoy la República les otorga, título que confiamos sabrán honrar con la excelencia, la ética y con los principios y fines que justifican, explican y dan sentido a nuestra profesión. Abogados y abogadas comprometidos con el país es lo que requiere toda la comunidad, que anhela que ustedes brinden el mejor de sus esfuerzos, pues los pobres no pueden esperar”, concluyó.