En un acto solemne que incluyó entrega de reconocimientos y muestras artísticas, este viernes 30 de agosto se celebró en el Salón de Pleno el “Día del Foro y la Magistratura”. La actividad fue encabezada por el presidente (s) del tribunal de alzada, Claudio Gutiérrez Garrido, y el presidente del Colegio de Abogados Regional Concepción, Francisco Rojo Olavarría, además de autoridades regionales e invitados especiales.

En esta ceremonia se conmemoró el aniversario 175 de la instalación del tribunal de alzada penquista, lo que ocurrió el 1 de septiembre de 1849, y la creación del órgano colegiado, que sesionó por primera vez el mismo día, pero de 1925, es decir, hace 99 años.

El ministro Gutiérrez Garrido partió su discurso recordando los orígenes del tribunal de alzada penquista. Mencionó que en la época colonial, el máximo tribunal de justicia, la Real Audiencia, se instaló en 1565 en Concepción, y no Santiago, aunque después de 10 años se disolvió y fue restablecida en 1609, pero en la actual capital del país.

“No fue hasta 1835, después del gran terremoto que destruyó la zona y la creciente inmigración colonial europea, que surgió la necesidad de instalar un tribunal superior en la zona sur del país. Fue así que el 26 de noviembre de 1845, por ley, se crearon las cortes de apelaciones de La Serena y de Concepción. No obstante, no fue hasta septiembre de 1849 que se realizó la instalación efectiva, con una jurisdicción –para el caso de nuestra Corte- que comprendía entre el río Maule y la provincia de Chiloé”, mencionó.

También repasó el crecimiento que ha tenido la Corte. “Originalmente, creada con cuatro ministros, en 1885 se aumentó en una plaza, incrementándose dicho número a 8 en 1892. En 1917 se redujo la cantidad de ministros a siete, la que se mantuvo por más de 70 años, hasta que tuvo una rápida progresión desde fines del siglo pasado. Así, pasamos a tener 10 miembros y tres salas en 1992; 4 salas y 13 miembros en 1998; 16 miembros y cinco salas el 2002 y nuestra composición actual, con 19 ministros y 3 fiscales judiciales, se materializó en 2012 con la creación de la Sexta Sala, de preferencia tributaria, que vino a responder al crecimiento del número de ingreso de causas y el incremento de la población, lo que ahora -incluso- hace necesario concretar una Séptima Sala para continuar prestando un adecuado servicio judicial”, complementó.

En su discurso, el ministro también reflexionó sobre el rol que cumple el Poder Judicial dentro de la sociedad: “El Poder Judicial también tiene tareas importantes en la comunidad. El impartir justicia cumple un rol esencial en la sociedad, pues contribuye a la paz social a través de la resolución de los conflictos. Desde tiempos inmemoriales los tribunales han sido pilares fundamentales de la sociedad, encargados de salvaguardar los derechos y las libertades de los ciudadanos, y de garantizar que todos sean tratados con equidad y respeto ante la ley. Por eso, quienes cumplimos esa labor debemos reflexionar sobre cómo se realiza este trabajo, sobre todo si miramos los sondeos de opinión pública, que no hacen una buena valoración de la tarea que desarrollamos”.

A lo que añadió: “Un buen proceso judicial, en el más genuino e íntegro sentido, se logra con intervinientes comprometidos con los objetivos de la justicia, que no sólo satisfacen el interés particular de las partes, sino también contemplan el fin público envuelto en la solución racional, pacífica e institucionalizada de los conflictos de relevancia jurídica”.

Después de la intervención del ministro Gutiérrez Garrido se dio paso a las actividades del Colegio de Abogados Regional Concepción. Su presidente, Francisco Rojo Olavarría, enlazó su discurso con el del presidente y profundizó en la importancia de la ética en el actuar de los distintos intervinientes en los procesos judiciales.

Finalmente, se entregó un reconocimiento a Hernán Fernández Rojas por el trabajo que ha realizado en la defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados. “Es un orgullo estar acá y aceptando este reconocimiento, porque he dedicado mi profesión a la protección de niños, niñas y adolescentes (…) El derecho tiene que apoyar a las otras disciplinas para que el trauma infantil no se produzca y, si se ha producido, para proteger y reparar sin dañar, esa la tarea”, mencionó.

“Es notable que el mundo de la abogacía se reúna con el mundo judicial, con la Corte de Apelaciones y creo que en esa sintonía de búsqueda de justicia, como lo escuchamos en los saludos de los ministros y presidente de la Corte Suprema, y, en mi casi, en especial para los niños, niñas y adolescentes, con protección oportuna y que se siga una cadena de vulneraciones. El derecho debe ser un garante para que el Estado cumpla sus funciones”, cerró Fernández Rojas.