El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción condenó a N.M.F.P. a la pena única de 18 años de presidio efectivo en calidad de autor de los delitos frustrados de femicidio, parricidio y homicidio simple, en concurso con el delito consumado de incendio calificado. Ilícitos perpetrados en marzo del año pasado, en la comuna de Hualqui.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por el magistrado Gonzalo Díaz González (presidente), las magistradas Andrea Etcheberry Barrera y Paula Cruces López (redactora)– condenó, además, a N.M.F.P. a 61 días de reclusión, como autor del delito consumado de desacato.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la madrugada del 20 de marzo de 2023, N.M.F.P, incumpliendo la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, llegó hasta el domicilio de su expareja, ubicado en la comuna de Hualqui, inmueble donde se encontraban la madre de la víctima y la hija en común con el condenado. Tras romper una ventana del segundo piso, N.M.F.P. intentó ingresar al dormitorio donde se habían refugiado las tres víctimas. Al no conseguirlo, procedió a apilar objetos con los que provocó un incendio y, tras amenazar a las víctimas, se dio a la fuga. En tanto, las víctimas lograron salir de la vivienda con ayuda de vecinos, personal de Carabineros y Bomberos que concurrieron al lugar.

A consecuencia de las llamas, el segundo piso la casa habitación resultó con daños de consideración.

El tribunal aplicó, además, a N.M.F.P las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena principal; más las accesorias especiales de prohibición de acercarse a las víctimas, domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro lugar al que concurran o visiten habitualmente por el término de dos años, y la obligación de asistir a programas terapéuticos u orientación familiar, por el lapso de dos años.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.