En el auditorio de la Corte de Apelaciones de Concepción se realizó la reunión en la que se constituyó una mesa jurídico-judicial en materia migratoria, instancia impulsada por el Servicio Nacional de Migraciones y que busca mejorar la respuesta que se da a los extranjeros que viven en la Región del Biobío.

Como la legislación migratoria es relativamente nueva, el Servicio Nacional de Migraciones detectó que hay desconocimiento sobre algunos procedimientos, lo que genera nudos críticos al momento de dar respuestas jurídicas y judiciales a los requerimientos de los extranjeros en la zona, por lo que decidió crear esta mesa para buscar mecanismos en conjunto que permitan agilizar los trámites.

Además del Poder Judicial, estuvieron presentes PDI, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Corporación de Asistencia Judicial y representantes de las clínicas jurídicas de las universidades Andrés Bello y Santo Tomás.

En la oportunidad, la ministra Carola Rivas Vargas expuso a los presentes sobre los distintos recursos que se tramitan vinculados al tema en el tribunal de alzada penquista. “Hasta mayo de este año acumulamos más de 2 mil recursos que tienen relación con alguna situación de derechos vulnerados en relación a migrantes, como recursos de amparo, reclamaciones de expulsiones y también muchos recursos de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones”, detalló la ministra.

Por ello, valoró la conformación de esta mesa interinstitucional: “El tema hoy ha cambiado diametralmente de los sistemas de migraciones que teníamos hace cinco o diez años atrás, así que esta instancia nos permite coordinarnos en la elaboración de respuestas más oportunas a este fenómeno y también gestionar y coordinar actividades de capacitación y aprendizaje en lo que cada una de las instituciones realiza”.

El subprefecto Rodrigo Reyes Avilés, jefe del Departamento de Migraciones y Extranjería de la Policía de Investigaciones en el Biobío, confirmó que la demanda es alta en la zona, ya que ellos, en promedio, atienden a 150 personas por día, lo que incluye desde quienes van a hacer consultas hasta quienes solicitan trámites. “Hay harta demanda y también en la parte gubernamental, pues solicitan gestiones vinculadas a los decretos de expulsión, hay que ubicar a las personas, coordinar, ver los plazos en los que presentan recursos para frenar esto”, mencionó.

También expuso que “esta mesa debe hacerse una vez al mes para ver las brechas que a veces nos impiden tomar buenas decisiones, teniendo presente que detrás de esto hay personas, familias y eso hay que tenerlo siempre en consideración. Por eso deberían participar más instituciones, como Gendarmería”.