En una extendida audiencia, la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterhwaite, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco; y con el ministro de ese tribunal Mario Carroza.
La audiencia se enmarca en la visita que realiza al país esta relatora, en la cual ha tomado contacto con distintas entidades del sistema de justicia. En el caso del Poder Judicial, consideró ya una visita al Centro de Justicia de Santiago para interiorizarse del funcionamiento del sistema penal y poder dialogar con los jueces, y está programada una reunión con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo y con el comité de ministros de ese tribunal de alzada, así como un encuentro con la Academia Judicial, entre otras actividades.
En el encuentro de ayer participó, además, el embajador Tomás Pascual, director de División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; la coordinadora de esta visita, Javiera Anabalón, además del director de Estudios de la Corte Suprema, Alejandro Soto y la jefa de gabinete, Valentina Sadá.
A la salida de la reunión, el ministro Carroza señaló que Chile se encuentra “dentro de los tres países que tienen una buena percepción respecto de lo que es la independencia de los jueces. Pero cuando uno conversa con la ciudadanía acá en Chile, la percepción parece ser distinta. Entonces parece que en algo tenemos que mejorar, algo tenemos que perfeccionar, algo no estamos haciendo bien o no estamos transmitiendo bien lo que somos, lo que queremos ser y lo que podemos hacer”.
El mandato de la relatoría especial fue instaurada por la ONU considerando que la independencia del poder judicial y el libre ejercicio de la profesión jurídica continúan estando bajo amenaza en muchos países del mundo. Jueces, fiscales y abogados son víctimas de ataques y violaciones de sus derechos, que incluyen amenazas, interferencias externas a la hora de realizar sus actividades profesionales, detenciones arbitrarias, persecuciones y asesinatos.
El mandato de la Relatoría fue creado para:
• registrar ataques a la independencia de jueces, abogados y fiscales;
• supervisar los avances conseguidos a la hora de proteger y mejorar la independencia de los mismos;
• realizar recomendaciones concretas a los Estados y a otros actores;
• identificar vías para mejorar la independencia del poder judicial y de la profesión jurídica.