Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 8 de julio recién pasado– analizó el proyecto de ley, iniciado en moción, que “Modifica el Código Procesal Penal con el objeto de prohibir el reemplazo de la medida cautelar de prisión preventiva por una caución económica en el caso de imputados vinculados a asociaciones criminales”. Informe que fue enviado a la presidencia del Senado al día siguiente.

“Que, en síntesis, el proyecto de ley analizado busca prohibir el reemplazo de la medida cautelar de prisión preventiva por una caución económica en el caso de imputados vinculados a asociaciones criminales”, plantea el informe.

“Esta propuesta tiene como objetivo principal fortalecer el sistema de justicia penal, impidiendo que los imputados pertenecientes a organizaciones criminales puedan eludir la prisión preventiva mediante el pago de una caución, lo que podría comprometer la seguridad pública y la integridad del sistema judicial”, añade.

“Es importante considerar que la posibilidad de otorgar una caución económica es una facultad judicial que permite evaluar la conveniencia y necesidad de sustituir la prisión preventiva en cada caso específico. Esta facultad judicial se basa en los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas cautelares, que son instrumentales para asegurar los fines del proceso penal, como la comparecencia del imputado, la protección de la víctima y la preservación de la evidencia”, releva.

Para el pleno de ministros: “Parece razonable adecuar y modernizar la regulación legal introduciendo criterios normativos especiales en relación a la procedencia de pago de cauciones, brindando un enfoque normativo atento a neutralizar las ventajas que genera la actividad criminal para obtener la impunidad”.

“De todos modos, pudiendo ser acertado enfocar una propuesta de este tipo en las organizaciones criminales, si lo que fundamenta medidas de este tipo son las ventajas económicas ilícitas que genera el delito, podría evaluarse que la restricción legal propuesta se extendiera también respecto de otras figuras delictivas, que suponen también la obtención de dichas ventajas, de modo de dar un tratamiento equivalente a casos similares”, propone el máximo tribunal del país.
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