El Juzgado de Garantía de Concepción dejó hoy –martes 18 de junio– sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Roberto Carlos Ruiz Lizama, imputado por el Ministerio Público como autor de 10 delitos de obtención fraudulenta de recursos públicos, cuatro consumados y seis frustrados, de nueve delitos de usurpación de identidad, 10 delitos de uso malicioso de instrumento público falso y cinco delitos de perjurio, todos ellos en carácter de consumado; y a Carmen Elena Martínez Flores, imputada como autora de ocho delitos de obtención fraudulenta de recursos públicos (cinco frustrados y tres consumados) y siete delitos consumados de usurpación de identidad. Ilícitos perpetrados entre marzo y septiembre de 2022 en la comuna y en Coronel.

En la audiencia, la magistrada Carolina Llanos Ojeda (causa rol 605-2023) ordenó el ingreso a prisión de Ruiz Lizama y Martínez Flores, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Para ello también se utilizó la perspectiva de género, considerando que las afectadas eran mujeres. Además, fijó en seis meses el plazo de investigación.

“No es necesario sino dar por reproducidas las argumentaciones en relación a la envergadura del daño producido y analizado con perspectiva de género en las circunstancias y, además, por imputados que aun cuando no cumplían con los requerimientos médicos para acceder a las licitaciones y que, eventualmente, en el caso de la imputada Martínez obtuvo la validación de su título médico extranjero que, en estricto rigor, no le impediría realizar exámenes radiológicos, claramente, y a sabiendas, produjeron un perjuicio tal, en este caso, para la sociedad toda, que en los términos prevenidos por el artículo 140 del Código Procesal Penal no puede sino sustentar proporcionalmente la petición formulada por parte del Ministerio Público, y por el decreto 789 que promulga la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, decreto 1640 que promulga la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, artículos 470 N°8, 214, 194, 212 del Código Penal, son motivos por los cuales se hará lugar a lo solicitado”.

Según el ente persecutor, entre marzo y septiembre de 2022, Ruiz Lizama, dueño del centro médico de salud integral y estética Novakimen Limitada postuló a 10 licitaciones de distintas instituciones vinculadas al área de salud, entre las que se encontraban el Hospital intercultural de Cañete, los municipios de Concepción, Contulmo, San Pedro de la Paz, Lota, Curanilahue, Los Álamos y Talcahuano, además de los servicios de Salud de Talcahuano y de Curanilahue. Utilizando documentos falsos, como resoluciones exentas con autorizaciones falsificadas o información de profesionales que no trabajaban para el centro, se adjudicó los contratos para realizar exámenes, consistentes en ecografías ginecológicas y mamarias, los que eran realizados por Martínez Flores o Audié Ramón Ferreira Barbosa (con orden de detención), ambos médicos generales que remitían los informes careciendo de las especialidades requeridas para practicar los exámenes. Para validarlos, la secretaria del centro médico incluía la firma digitalizada de cinco médicos, quienes nunca autorizaron estos documentos.

Es así que se puso en riesgo la salud sexual y reproductiva de aproximadamente mil mujeres, pues las atenciones de Martínez Flores y Ferreira Barbosa emitieron informes con diagnósticos erróneos sobre embarazos o cáncer. Por lo anterior, estas prácticas fueron catalogadas como violencia de género.

El actuar antes descrito se tradujo en la defraudación de $46.821.000, de los cuales solo se pagaron $12.116.000, pues en las prestaciones asociadas a los otros exámenes se suspendió el pago, por haberse detectado el delito.