Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 10 de junio recién pasado– analizó el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que “Modifica diversos cuerpos legales, para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en dos días”. Informe que fue remitido a la presidencia del Senado el miércoles 12.

“En conclusión, la reforma constitucional aprobada el año 2022 por la ley N°21.524, que restableció el voto obligatorio, conmina al legislador a modificar la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, para fijar las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber”, plantea el informe.

Para el pleno de ministros: “Dicho proyecto fue presentado el año recién pasado (Boletín N°16.357-06), y su actual estado de tramitación hace improbable que se encuentre despachado antes del mes de octubre del presente año, oportunidad en la que tendrán lugar las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. A raíz de esta situación, se propone una ley más acotada, que permita regular las multas y el procedimiento aplicable por el incumplimiento de esta obligación, para lo cual se ha incorporado una regla que replica la regulación provista en los dos procesos constituyentes que contaron con voto obligatorio”.

“En cuanto a las observaciones, se hace presente la preocupación por la sobrecarga de causas que llegan los juzgados de policía local, lo cual podría afectar su funcionamiento. Se sugiere en lo sucesivo, para estos efectos, evaluar la instauración de un procedimiento contencioso administrativo con una etapa previa a la judicialización de la denuncia, junto con explorar la posibilidad de fijar un límite de edad que permita a los adultos mayores eximirse de la exigencia de presentar excusas. Por otra parte, con relación al procedimiento propuesto que incluye la notificación del denunciado al correo electrónico que haya informado el SERVEL, se manifiesta la necesidad de contar con un mecanismo que le permita a cada ciudadano poder convalidar y actualizar dicha información”, propone la Corte Suprema.
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