La presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Juana Ríos Meza, se reunió con los magistrados del Primer, Segundo y Tercer Juzgado de Policía Local de la ciudad, Gonzalo Droguett, Luis Clemente Cerda y Coralí Aravena, respectivamente, para solucionar algunos puntos del trabajo en estos tribunales.

Uno de los puntos, según la ministra, es la falta de espacio para acopiar las botellas de alcohol que las policías incautan en locales clandestinos de la ciudad. “Nos preocupa bastante que no exista un lugar para la guarda de estos decomisos de alcoholes mientras se terminan las causas en policía local por clandestinos que venden alcohol que son cuantiosos y los tribunales no tienen espacios y, por lo que comentan los magistrados, la Caja de Crédito Prendario tampoco”, explicó la ministra.

Ante ello, la presidenta del tribunal de alzada sostuvo que se requiere de un trabajo coordinado a nivel de ministerios para habilitar un terreno en comodato que permitan almacenar estas especies incautadas hasta que se determine su destino a través de una sentencia ejecutoriada.

SERVEL

Otro de los puntos analizados en la reunión fue la sobrecarga de trabajo que tienen los juzgados de policía local por los miles de multas que deben cursar a los ciudadanos que no sufragaron en las últimas elecciones.

Según se informó, se necesita efectuar un cruce de datos entre el Servicio Electoral y las policías que permita efectuar un listado depurado de ciudadanos y no encontrarse con datos erróneos al momento de notificar esas multas como direcciones inexistentes, fallecimientos de ciudadanos o cambio de domicilio de los votantes: “De acuerdo a los jueces, se ha generado un problema, porque los datos que se proporcionan en la denuncia no corresponden, son errados e incompletos, de manera que todo el recurso fiscal o municipal que se utiliza, por ejemplo para citar a los infractores, es un desperdicio”. La ministra Juana Ríos sostuvo que se requiere una mayor coordinación para que el Servel pueda entregar datos depurados para realizar esta notificación.

La ministra recalcó la complejidad del trabajo de estos tres tribunales, que cubren a las cuatro comunas de la región. “Los magistrados tienen razón al señalar que están sobrepasados y desgraciadamente la ley no establece más recursos para atender estos requerimientos, no hay más funcionarios a esta sobrecarga de trabajo que significa este proceso”, manifestó.