El ministro de la Corte Suprema y encargado de Niñez y Adolescencia, Diego Simpértigue, acompañado de la jueza de Familia de Santiago, María Olga Troncoso, se reunió hoy con representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden para iniciar un proceso de capacitación a nivel nacional sobre niños, niñas y adolescentes en frontera.

En la oportunidad, el ministro Simpértigue agradeció la presencia de representantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Carabineros y Policía de Investigaciones y Gendarmería, quienes se sumaron a participar de esta actividad y destacó el interés de asumir esta problemática de manera coordinada y articulada entre las diversas instituciones del Estado.

“El Poder Judicial desempeña un papel fundamental en la protección y garantía de los Derechos Humanos. Su función principal es asegurar que las leyes y normas del país estén en consonancia con los estándares internacionales de Derechos Humanos, así como garantizar la protección y respeto de los derechos fundamentales de todos quienes habitan el territorio nacional”, dijo Simpértigue.

“Los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos humanos al igual que todas las personas. Sin embargo, al ser considerado un grupo de especial protección, cuentan con derechos específicos derivados de sus necesidades particulares”, recalcó.

La jueza de Familia de Santiago, María Olga Troncoso, explicó que el cumplimiento de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en frontera ha sido una especial preocupación para el Poder Judicial. De esta forma, se ha llevado adelante un trabajo de capacitación con los jueces y juezas de estas zonas limítrofes y se ha extendido a los distintos representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes cumplen una labor fundamental.

“Nuestra respuesta debe ser coordinada y única, de manera de asegurar el cumplimiento de los derechos y garantías de los niños, niños y adolescentes en frontera. Resulta muy oficioso que los representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden trabajemos conjuntamente para dar una respuesta como Estado a esta necesidad”, recalcó.

La magistrada invitó a las distintas instituciones a sumarse a estas iniciativas de capacitación, definiendo una metodología que contribuya a sumar las distintas miradas.

Explicó que este ciclo debiera contribuir a la formación especializada de las instituciones sobre la niñez y adolescencia y sus derechos, incorporando distintos contextos de vulnerabilidad a los que puedan verse afectados, especialmente en el fenómeno migratorio.

Esto a través del uso de herramientas teórico-prácticas, que incorpore el enfoque de Derechos Humanos del Niño y el marco de protección a su trabajo diario, desde una comprensión vivencial de la temática.

Por la naturaleza del trabajo que realiza cada institución, la jueza propuso realizar un programa de especialización en tres estamentos, cuyo contenido académico y plantel de docentes,  deberán ser aprobadas por las respectivas instituciones en una modalidad híbrida (presencial y remota), a través de una mesa integrada por representantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Gendarmería, Ministerio de Defensa,  Subsecretaría de Derechos Humanos, Fundación Amparo y Justicia y Defensoría de la Niñez, entre otros. Además de representantes de organismos internacionales como Unicef y la Academia, a través de profesores y profesionales especialistas en la materia.

En esta actividad participaron Francisco Figueroa, Contraalmirante auditor general de la Armada de Chile; Ivonne Cerón, teniente coronel del Ejército de Chile; Sergio Gutiérrez, contralor del Ejército de Chile; Eduardo Fernández, coronel de Aviación (A) y jefe de la División de Planificación, de la Fuerza Aérea de Chile; Daniela Godoy, comandante de Escuadrilla (A) de la División de Educación de la Fuerza Aérea de Chile; Rainer Rapp, coronel de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile; Karina Soza, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia y José Luis Sepúlveda, coronel de Carabineros de Chile. Además de María Angélica Aguirre, directora de la Escuela Gendarmería, y Carolina Gonzalez, subprefecta de la Plana Mayor de Migraciones de la Policía de Investigaciones