La Corte Suprema realizó ayer –martes 24 de abril– la primera mesa interinstitucional para la elaboración del Protocolo Atención y Protección de Grupos Vulnerables en Frontera con Enfoque en Derechos Humanos, en el marco de las iniciativas de la Coordinación de Asuntos de Derechos Humanos del Poder Judicial, presidido por el ministro del máximo tribunal, Mario Carroza; y del Grupo de Trabajo de Asuntos de Infancia, encabezado por el ministro Diego Simpértigue.

En la jornada, organizada por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema (DAIDH), secretaría técnica del proyecto; la magistrada María Olga Troncoso hizo la presentación como coordinadora de la iniciativa.

Dando continuidad a trabajos desarrollados por el Poder Judicial como el “Protocolo para la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en contexto de migración y/o en necesidad de protección internacional” de 2021, actualmente se está elaborando esta iniciativa que contará principalmente con una guía práctica interinstitucional con enfoque en Derechos Humanos.

“Es un complemento respecto a todo aquello hechos que están ocurriendo en Colchane, que podemos replicar para todo el país, en todos los lugares que hay migración… Lo esencial es que nos estamos preocupando como Poder Judicial de los Grupos Vulnerables, obviamente que no se vulneren todos sus derechos fundamentales, en esa línea de esos elementos, está este proyecto que protege la movilidad humana que se está dando de forma permanente en Chile”, afirmó el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza.

El proyecto tiene como propósito crear una guía práctica, así como la implementación de una sala de atención, la elaboración de registros demográficos para la construcción de indicadores con perspectivas de Derechos Humanos e informes periódicos. Así como capacitaciones a las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policías de Investigaciones.

Para lo anterior, se realizarán una serie de encuentros interinstitucionales que permitirán contribuir en la elaboración del proyecto. En el primero de ellos realizado ayer, participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano; la directora de DD.HH y Protección de la Familia, General Karina Soza; el auditor general de la Armada de Chile, Contralmirante de Justicia Francisco Figueroa; la Auditora General de la FACH, general de Brigada Aérea, Paula Carrasco; el defensor de los Derechos de la Niñez, Anuar Quesille; el representante de UNICEF Chile, Glayson Dos Santos; la oficial de protección de ACNUR, Delfina Lawson; la directora (s) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Andreina Olmos; el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer; la directora Nacional del Servicio de la Mujer y Equidad de Género, Priscilla Carrasco; la directora nacional (s) del Servicio Nacional  de Protección de la Niñez, Victoria Becerra y el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, ministro Alejandro Vera.

También asistieron representantes del Ministerio Público,  Derechos Humanos de Naciones Unidas,  Ejército de Chile, subsecretaría del Interior,  Fundación Amparo y Justicia, Comité para la Prevención de la Tortura y Universidad de Tarapacá y Fundación Tierra de Hombres.

Respecto a la participación de su institución,  la general de Brigada Aérea, Paula Carrasco, señaló que “es una realidad la crisis migratoria, por lo tanto, las instituciones del Estado sobre todo las centralizadas tenemos que estar al servicio de los problemas que se generan en este sentido, y ser facilitadores cada uno en su rol”.

A su vez, la oficial de protección de ACNUR, Delfina Lawson, destacó que en la elaboración del proyecto se incluya la visión de diversas instituciones “Se tiene que abordar de este manera, colaborativa, por eso es maravilloso que tantas instituciones participen y al más alto nivel hayan mostrado su compromiso con esta iniciativa que va a facilitar el acceso a la justicia de los grupos vulnerables de los lugares más extremos del país”.

Próximamente se realizarán 3 mesas de trabajo, así como reuniones bilaterales con las instituciones participantes, a fin de realizar recomendaciones para la elaboración de la iniciativa que concluirá a finales de 2024.