El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó condenó a Mauricio Fabián Barrios Mondaca y Carlos Fernando Márquez Bravo a 8 años de presidio efectivo; y a José Manuel Barrios Mondaca a 7 años de presidio, en calidad de autores del delito de tráfico de estupefacciones. Ilícito perpetrado en febrero del año pasado.

En fallo unánime (causa rol 364-2023), el tribunal –integrado por los magistrados María Isabel González Rodríguez (presidenta), Roberto García Gil e Iván Villarroel Castrillón (redactor)– condenó, además, a Barrios Mondaca y Márquez Bravo a 3 años y un día de reclusión, como autores del delito consumado de porte ilegal de arma de fuego prohibida y municiones.

El tribunal aplicó, además, a los condenados, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas, más el pago de una multa 40 UTM cada uno, por el tráfico de estupefacientes; y la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas por la tenencia ilegal de arma de fuego.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda, razonable que el 8 de febrero de 2023, funcionarios de la Policía de Investigaciones de Talca, “(…) recibieron una información relativa a un eventual delito de tráfico de drogas que se llevaría a cabo el día 9 de febrero del año 2023, desde la localidad de Rosario en la sexta región hasta la ciudad de Talca (...) Alrededor de las 21:00 horas del día indicado, observaron a un automóvil Dodge modelo Grand, seguido por un automóvil marca Volkswagen modelo Polo, cuyas características coincidían con los de la información recibida, por lo que los siguieron por la Ruta 5 Sur, observando, que el vehículo Dodge Grand, realizaba acciones atribuibles a la cobertura del desplazamiento del otro automóvil, toda vez que frecuentemente lo adelantaba con la finalidad de detectar los controles policiales para luego detener su marcha y darle cobertura por la parte posterior”.

En dicho contexto, a la altura del kilómetro 221 de la Ruta 5 Sur, la policía procedió a fiscalizar “(…) el automóvil marca Volkswagen, que era conducido por José Manuel Barrios Mondaca, encontrándose en el maletero del vehículo una caja de cartón con 20 bolsas de polietileno transparente, contenedora de cocaína base y otra con 17 bolsas del mismo material, contenedores de un total de 41.420 grs. netos, y además una bolsa de género con 8 paquetes recubiertos con cinta de embalaje, contenedores de un total de 8.002,1 grs. de clorhidrato de cocaína. En el vehículo también se encontraron $40.000 pesos”.

“Cuando se intentó controlar al vehículo Dodge,  se dio la fuga y luego de una persecución en la misma ruta los policías le dieron alcance. En esas circunstancias, observaron que el copiloto manipulaba un arma de fuego, por lo que dos de los funcionarios policiales hicieron uso de sus armas de fuego, lo que provocó que el copiloto arrojara un bolso por la ventana, posteriormente, los policías lograron que el automóvil indicado se detuviera en el kilómetro 222 de la ruta.  Tras ser controlados se identificó al conductor como Mauricio Fabián Barrios Mondaca y al copiloto como Carlos Fernando Márquez Bravo”, agrega el fallo.

Al revisar el automóvil marca Dodge, la policía “(…) encontró en el suelo bajo el asiento del conductor 15 cartuchos calibre 9 mm., sin percutir; en el interior de la guantera, un cartucho de escopeta calibre 12; mientras que dentro del bolso que previamente había arrojado el copiloto, una pistola marca Taurus, calibre 9 mm con un cargador que contenía 36 cartuchos calibre 9 mm, sin que Mauricio Barrios Mondaca ni Carlos Fernando Márquez Bravo, tuvieran permiso de la autoridad correspondiente para portarla”.

“De lo anterior se concluye que los acusados referidos, se concertaron para trasladar la droga indicada, distribuyéndose los roles requeridos para tal efecto, mientras uno la transportaba, los otros dos le prestaban cobertura y custodia”, consigna la resolución.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado,  el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.