La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción San Miguel -que sesionó entre el 9 y el 16 de abril- acogió 3 de un total de 239 solicitudes (1,26 %) de presentaciones realizadas por internos e internas de las cuatro unidades penales que postularon a este beneficio.

El grupo de comisionados -que cumple funciones como órgano autónomo administrativo y se reúne en abril y octubre de cada año- estuvo presidido por el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Patricio Martínez Benavides e integrado por las juezas Gloria Lolas Basualdo, del 10° Juzgado de Garantía de Santiago; Javiera Gainza Flores, del 12° Juzgado de Garantía de Santiago; Javiera Meza Fuentes, del 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y el juez Claudio Ortega Loyola, del Juzgado de Garantía de San Bernardo. Actuó como ministro de fe la secretaria (s) de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Franchesca Núñez Silva.

Los beneficiados con la libertad condicional quedarán ahora sujetos al control de Gendarmería y en caso de cometer algún delito en el periodo de cumplimiento de su condena, este beneficio quedará sin efecto.

El Decreto Ley N° 321, modificado por la ley N° 21.124 -que entró en vigencia el 18 de enero de 2019-, establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal, y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad.

Uno de los últimos cambios que registra la normativa respecto a las libertades condicionales, publicado el 9 de noviembre del año pasado, establece que Gendarmería de Chile deberá  informar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva, la nómina de postulantes a la libertad condicional, y este deberá notificar a las víctimas de dicha postulación.

Según establece dicha modificación, “(…) La víctima, personalmente o a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones, por escrito, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre, según corresponda. La Comisión podrá además oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, si ésta así lo solicita, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente".