El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel Jaime Salas Astrain interpuso un recurso de amparo en favor de 15 internas embarazadas del Centro Penitenciario Femenino CPF de San Miguel, y de sus hijos que están por nacer, ante la Corte de Apelaciones sanmiguelina.
El fiscal judicial explica que “la decisión de interponer el recurso de amparo nace por el hecho de haberme constituido la semana pasada en el CPF San Miguel, que es la unidad carcelaria que está sujeta a mi fiscalización y poder constatar en la visita presencial que allí realicé que las condiciones de las internas privadas de libertad y que están embarazadas enfrentan una situación particularmente crítica respecto de su salud y Gendarmería de Chile no ha implementado las medidas de resguardo necesarias. Entiendo que no por mala voluntad, sino que simplemente porque no existen los recursos ni las condiciones materiales para que eso se pueda concretar. El problema es que a mi juicio, eso no puede ser obstáculo para que pueda existir un riesgo para la salud de las internas y también respecto de la integridad y vida de los bebés que están al interior del vientre de las mamás y este es un segundo capítulo del amparo y que tiene que ver con chequear las condiciones de salud de las madres de modo tal de poder autorizar a enfermería de Gendarmería de Chile para adoptar algunas especiales medidas de protección respecto de ellas en el caso que que se amerite”.El recurso presentado indica que “en visita ordinaria de cárcel realizada por quien suscribe, el día 27 de marzo de 2024, tomé noticia a través de la Alcaide de la Unidad y de la Enfermera Jefa de la misma, doña Carmen Gloria Necul Camilo, que algunas internas no individualizadas de la Sección Cuna, causaron un amago de incendio al interior del módulo, que fue oportunamente sofocado por personal de Gendarmería. Me constituí en el módulo y pude constatar la efectividad de lo sucedido por los indicios que aún existen en el lugar. En relación a lo anterior, logré recabar información en el sentido que la acción antes descrita -aparentemente- habría sido ejecutada por un grupo de internas embarazadas (posiblemente 3 ó 4), respecto de las cuales existe la sospecha de que mantienen consumo permanente de drogas, pese a su estado de gravidez. Con todo, la Enfermería del CPF no se encuentra facultada para testear a las internas con el propósito de confirmar o descartar lo anterior, y tomar las medidas de rigor en resguardo de la integridad y vida de los niños no nacidos".
Respecto a las peticiones consignadas en el recurso, se solicita: “autorizar al personal de enfermería del CPF San Miguel, para practicar a las internas recluidas en la sección Cuna de la Unidad Penal mencionada, un test de drogas con el propósito de confirmar o descartar el consumo de sustancias ilícitas por parte de aquéllas, a objeto de adoptar las medidas de salud que correspondan en resguardo de la integridad y la vida de sus hijos/hijas no nacidos/as”, junto con “fjar a la recurrida Gendarmería de Chile, un plazo perentorio para que presente un plan de acción tendiente a trasladar, a la brevedad, a las internas embarazadas recluidas en el CPF San Miguel al CPF de Santiago (San Joaquín), por reunir esta última unidad, mejores condiciones para el resguardo de la salud de ellas y de sus hijos; y por ya haber sido trasladadas a esta misma unidad, las internas presas que ya dieron a luz”.
El fiscal Salas puntualiza que “pero para todo esto se requiere una orden judicial. En cuanto al rol que le corresponde a la fiscalía judicial es -por mandato del Código Orgánico de Tribunales-, independiente de los Tribunales de Justicia. De modo tal que estamos autorizados para ejercer acciones destinadas a velar por el interés público y la vigencia de la ley. Entonces, en ese contexto, me pareció importante deducir como fiscal judicial la acción para que la Corte, conociendo de aquello resuelva lo que estime pertinente y ojalá en la línea que vengo solicitando”.
