Potenciar la coordinación entre el Juzgado de Garantía de Rancagua y el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino en los casos en que imputados presenten sospechas de padecer problemas de salud mental o una enajenación provocada por el uso abusivo de drogas es uno  de los objetivos del protocolo que firmó el juez presidente del Juzgado de Garantía de Rancagua, Gonzalo Celedón Bulnes, y el director (s) Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, Adolfo Beck Quintanilla.

En la actividad participó el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Ricardo Pairicán García; el fiscal judicial del tribunal de alzada, Álvaro Martínez Alarcón; el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant Cabrera; el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins (SSO), Jaime Gutiérrez Bocaz; e integrantes del respectivo tribunal y las instituciones.

“Hay ocasiones en que el Juzgado de Garantía tiene que derivar personas al hospital para su atención de salud cuando hay sospecha de una patología de salud mental o se encuentra afectado por el consumo de sustancias como drogas o alcohol.  La comunicación entre el tribunal y el recinto hospitalario servirá para adoptar una mejor decisión para el caso judicial”, señaló el magistrado Celedón.

En la misma línea, el director (s) Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, Adolfo Beck, explicó que “este es un hito para nuestro hospital, dado la coordinación interministerial que estamos teniendo con el Poder Judicial. Este protocolo nos permite una mejor coordinación y derivación de los pacientes que vienen desde urgencia hacia corta estadía del recinto asistencial”.

En tanto, el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua manifestó que este protocolo es un anhelo y necesidad del Juzgado de Garantía de la ciudad, que tiene la mayor cantidad de imputados, “en el sentido de generar una atención rápida y expedita a estas personas que se sospecha de inimputabilidad por problemas de salud mental. Es un tremendo avance, porque la situación de los inimputables a nivel nacional está bastante desmejorada en el sistema penal y esto es un paso adelante, un principio de muchas cosas que se pueden lograr con los servicios de salud que es la institución que está a cargo de las personas inimputables según lo establece  la legislación penal vigente”.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de O’Higgins, Eduardo Marchant, manifestó que “este es un hito relevante dentro de un proceso que ha ido desarrollando por los fiscales del tribunal de alzada, la presidencia y los ministros de la Corte de Apelaciones que dice relación con la preocupación en cuanto a la salud de las personas que tienen ciertas enajenaciones mentales y que tiene conflictos con la ley”.