La ceremonia de juramento de los nuevos abogados y abogadas integrantes de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue la primera actividad que encabezó hoy –viernes 1 de marzo– la ministra María Alejandra Pizarro Soto, como presidenta del tribunal de alzada.

La ministra Pizarro ingresó al Poder Judicial en 1999 como secretaria del 2° Juzgado de Menores de Viña del Mar. En el año 2003 asumió como relatora de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En 2008 fue designada jueza del 8° Juzgado Civil de Santiago, cargo que desempeñó hasta el año 2013, cuando asume como relatora de la Corte Suprema. En junio de 2018 fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

“No puedo dejar de reconocer y agradecer al ministro señor Sepúlveda por su presidencia durante la que condujo a nuestra Corte con firmeza por un camino seguro (…) lo que se tradujo en la adopción de decisiones que, en definitiva, permitieron que nosotros pudiéramos desempeñar nuestra trascendente labor en la manera correcta”, señaló en su discurso inaugural.

“Quisiera expresarles  que me siento especialmente honrada del rol que a partir de hoy me toca desempeñar, en el que sé con toda seguridad que cuento con el apoyo de todos mis colegas, lo que nuevamente me hace sentir una privilegiada”, indicó.

Agregó que “el desafío principal de nuestro tribunal, sin duda, se encuentra llamado a resolver de manera continua y persistente en perseverar en la búsqueda e implementación de todas las medidas que nos permitan mantener la senda de optimización de la eficacia en el funcionamiento de nuestra Corte, considerando, por supuesto, los recursos materiales disponibles y sobre todo, el valioso esfuerzo de los funcionarios que forman parte de nuestro tribunal, que tenemos la ocasión de reconocer”.

“En suma, mi exhorto en este día es que continuemos siendo nuestra mejor versión, que nos permita avanzar por el camino del bien y alcanzar con nuestro quehacer el norte central de hacer prevalecer a quien en cada caso concreto tenga de su lado los mandatos de la Constitución y los dictados de la Ley, bajo una mirada que sea demostrativa de un servicio judicial independiente e imparcial, con el fin último de conservar la paz social y guiado por el amor al prójimo”, concluyó.