El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, destacó que en Chile más del 90% de las prisiones preventivas son acogidas por los tribunales de justicia, al ser consultado por el  debate público que se ha instalado sobre esta materia.

En su primera reunión con la prensa, la autoridad resaltó que en Chile existe la presunción de inocencia. “Hay en Chile la presunción de inocencia, toda persona que sea imputada debe ser considerada inocente. El 85% de las peticiones de prisión preventiva son acogidas por los Juzgados de Garantía y sobre el 15% que no son acogidas en primera instancia, alrededor del 50% son revocadas por las cortes por lo que finalmente se supera el 90% de prisión preventiva. Si eso es garantista o no habría que pensarlo un poco más”.

“Es preocupante en la medida que se cuestione al juez por si se decreta o no la medida de mayor intensidad, pero yo creo que los jueces en Chile están preparados para soportar algunas presiones que vengan de los sectores. El juez en Chile ha demostrado que es un juez profesional y que no se deja amilanar por presiones que puedan venir interna o externamente”, estableció.

El presidente explicó que los jueces pueden razonar de forma diversa ante una misma situación, pero que el Estado de derecho garantiza la revisión de las decisiones judiciales. 

“Cada juez tiene la posibilidad, dentro de sus atribuciones legales, de poder resolver de acuerdo a derecho y de acuerdo a su bagaje profesional, intelectual, analizando y ponderando las pruebas que se presenten y la posibilidad si se dan los requisitos para la prisión preventiva.  Pueden darse casos disímiles en que jueces ante una misma situación decreten la prisión preventiva y otros no, pero eso pasa por el juego libre y democrático del Estado de derecho. No todos los jueces podemos estar pensando de la misma manera, lo importante es que el sistema tenga los resguardos necesarios para establecer si ese juez lo hizo de manera arbitraria o no tomando todas las providencias del caso y exista la posibilidad de ser revocado por un tribunal superior. Eso nos da las garantías de que ante una resolución que no se ajuste a derecho pueda corregirse por el tribunal superior y restablecerse el imperio del derecho”, explicó.

Sobre el posible aumento de reagendamiento de audiencias informado por el Fiscal Nacional, el presidente de la Corte Suprema dijo no compartir esa opinión.  “Eso habría que verlo. Yo realmente no creo que haya reagendamiento abusivo. Lo que pasa es que puede haber habido una sobrecarga de trabajo y haber necesitado reagendar algunos juicios, pero no comparto la calificación”.

La autoridad fue enfática en pedir que las vacantes de ministros de la Corte Suprema sean llenados lo más pronto posible. “Sería deseable que fuera lo más pronto posible. Desde nuestro punto de vista, lo que queremos es que se llenen luego las vacantes, los mecanismos corresponden a otros poderes del Estado que no me puedo referir. Lo que quiere esta Corte Suprema es que se llenen luego las vacantes para que los 21 ministros estén integrando el pleno”.

El ministro se hizo cargo de los comentarios relacionados a la forma en que diferentes imputadas han realizado sus reclusiones domiciliarias.

“Esa es una materia controversial en la opinión pública y que debe ser estudiada. Yo si estoy en mi casa, probablemente puedo hacer lo que yo estime. Mientras siga las reglas de convivencia y moralidad, soy libre de hacer en mi casa lo que yo quiera. Es distinto si yo decido eso subirlo a redes sociales y compartir esas imágenes con otras personas. Obviamente va a quedar un resquemor de personas que pueden decir: cómo puede estar cumpliendo una prisión de esta manera. A lo mejor hay medidas que no son convenientes o adecuadas, pero como le digo, eso no me corresponde en este momento a mi, habrá que estudiarlo. Se abrió un debate en la opinión pública y eso tiene que ser recogido por los legisladores”.

Por último, se le consultó sobre el fallo de las isapres y sentenció:  “ Los fallos deben cumplirse y nadie está por sobre la ley en este país y las sentencias que son dictadas por los tribunales de justicia deben ser cumplidas en su cabalidad”.