La unidad de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena y la Asociación de Magistrados y Magistradas de la región de Coquimbo (ARMM), inauguró en el Centro de Justicia de la ciudad la muestra fotográfica, documental y jurisprudencial de Derechos Humanos denominada “Garantía de no repetición: 50 años del golpe militar en la región de Coquimbo, 1973-2023”.

La iniciativa, que será itinerante por los tribunales de la jurisdicción, cuenta con el patrocinio del Instituto de Estudios Judiciales y se organizó con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión sobre la realidad de las causas de derechos humanos que se han tramitado judicialmente, especialmente en la región. “Creo q es un espacio relevante de memoria, de recuerdo y de aprendizaje”, señaló en la ceremonia de inauguración el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar Bravo.

Según explicó la magistrada Karen Alfaro, vicepresidenta de la ARMM, la exposición consta de 6 paneles que relatan las distintas etapas que ha tenido el tratamiento de los derechos humanos en el Poder Judicial y cómo fue evolucionando jurisprudencialmente interpretando el derecho acorde a los tratados internacionales. “La muestra se gestó por la inquietud de asociados y asociadas de realizar alguna actividad que se relacionara con nuestra obligación de resguardar el respeto de los derechos fundamentales de las personas y teniendo en cuenta el análisis crítico que se ha realizado en los últimos años acerca del rol que tuvo el Poder Judicial durante la dictadura cívico militar”, manifestó.

En la ceremonia intervino el ministro en visita extraordinaria de la Corte de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, quien expuso sobre su experiencia en la investigación judicial de causas de derechos humanos.  “Centré mis palabras en lo que significa el Plan Nacional de Búsqueda, que es un convenio que ratificó el Estado de Chile el 2010 y que significa atender distintas denuncias y reaperturas de varios procesos, con la finalidad de encontrar -o hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar- detenidos desaparecidos, que aún son más de mil doscientas personas en nuestro país. Mi participación en ello, tiene que ver con la importancia de realizar diligencias que den con su paradero; es una labor ardua, y en terreno se puede constatar cómo los familiares de ejecutados políticos buscan aunque sea una pequeña falange que permita determinar que su familiar fue ejecutado”, comentó.  

La actividad contó, además, con el  testimonio del sobreviviente de la dictadura militar, docente y exdirector del Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Universidad de La Serena, Edgardo Carabantes Olivares; y la exposición de la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de Coquimbo, María Soledad Salas Salazar.

Asimismo, se realizó la entrega de reconocimientos a quienes realizaron una defensa permanente de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. “Estas personas debieron pagar un alto costo en lo familiar y profesional en ámbitos tan diversos como el desarrollo de sus carreras profesionales y también por las amenazas a su integridad física y psíquica así como de sus familias“, señaló la magistrada Alfaro. Los reconocidos fueron los abogados Pedro Escandón Orellana, José Ilabaca Sáez, Adolfo Lay Montalván y de manera póstuma, Augusto Cabrera Cifuentes, Alfredo Ovalle Devoto y Raúl Salamanca Jorquera, además del juez Nicanor Salas Salas.