Con la presencia del ministro de la Corte Suprema Diego Simpértigue, encargado nacional de asuntos de Familia del máximo tribunal; la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, y la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada, Gabriela Muñoz, se realizaron dos jornadas de capacitación dirigidas a jueces y juezas, consejeros y consejeras técnicas de todo el país, denominadas: “Protección integral y nuevas líneas programáticas de atención a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos”.
Ambas instancias estuvieron a cargo del presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar Bravo, en su calidad de coordinador de la mesa nacional de trabajo que el Poder Judicial mantiene con la Subsecretaría y con el Servicio de Protección Especializada.
Según explicó el ministro Pulgar, la instancia surge a raíz de una necesidad detectada en la mesa, relacionada con la formación constante de jueces, juezas, consejeros y consejeras técnicas de los tribunales de Familia con respecto a las nuevas líneas programáticas del Servicio de Protección y con la implementación de la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
“El objetivo de cada una de las capacitaciones e instancias de conversación que hemos tenido durante el presente año ha sido otorgar herramientas para que los y las magistrados/as y el equipo técnico psicosocial de los juzgados con competencia en familia cuenten con los conocimientos necesarios sobre el diseño de las nuevas líneas programáticas del servicio proteccional -diagnóstico clínico y ahora el acompañamiento familiar territorial- y, particularmente en este caso, además, revisar aspectos relacionados a la derivación de niños y niñas entre los sistemas de protección especializada a administrativa y viceversa”, dijo el ministro Pulgar.
En esta ocasión la capacitación estuvo a cargo de Emilia Rivas Lagos, asesora de contenidos de la Subsecretaría de la Niñez, quien se refirió al “Relacionamiento del Poder Judicial con las Oficinas Locales de la Niñez” y de Silvana Calderón, jefa de diseño y evaluación de programas del Servicio de Protección Especializada sobre “El acompañamiento familiar territorial como nueva línea programática”.
En este espacio se dio a conocer que el ministro encargado de asuntos de Familia de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, autorizó avanzar en la firma de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo objetivo es regular el acceso de jueces y consejeros a una plataforma de dicha administración que contiene información social relevante sobre niños y niñas y que permitirá acortar tiempos de espera y estudio al momento de evaluar el riesgo inicial.
Asimismo, se anunció que a partir del mismo ministro del máximo tribunal, se ha impulsado un trabajo con la Academia Judicial para realizar próximamente un seminario sobre los desafíos que trae la Ley 21.430, en especial lo que dice relación con la implementación de un sistema de protección integral que contempla no solo el trabajo con niños y niñas que ya fueron vulnerados en sus derechos, sino que los aborde desde la promoción de sus derechos y, con ello, prevenir actos y omisiones que producirían su vulneración, pasando el juez de familia de ser la única autoridad con competencia para aplicar medidas de protección, a una más de un conjunto de actores que, contando con facultades, pueden decretar medidas que restituyan derechos.
“Este cambio de paradigma, que fue diseñado por el legislador de garantías, pone a los niños y niñas en el centro del trabajo, como debe ser, actuando no de forma puramente reactiva frente a una vulneración de derechos, sino desde la prevención de la misma, debiendo articularse las Oficinas Locales de la Niñez y el Servicio de Protección Especializada, ambos a cargo de la protección administrativa en sus facetas universal y especializada, respectivamente, entre sí y con el Tribunal de Familia, a cargo de la protección especializada judicial, es decir, para casos de vulneraciones graves que importen decretar las medidas más gravosas para un niño o niña, como son la separación física y/o emocional de su familia”, concluyó el ministro Felipe Pulgar.