El pleno  de la Corte Suprema, encabezado por el presidente Juan Eduardo Fuentes Belmar, despidió hoy – 5 dediciembre- al  ministro Haroldo Brito Cruz quien dejó el máximo tribunal del país al cumplir el límite de edad legal de 75 años y puso fin a una brillante carrera judicial de más de cinco décadas.

Durante la ceremonia, a la que asistieron más de 100 personas, entre ellos, las principales autoridades del sector justicia, ex presidentes y ministros de la Corte Suprema,  ministros de Corte de Apelaciones, jueces, relatores, funcionarios y familiares, el presidente Fuentes  le entregó la distinción de Medalla al Mérito Judicial.  

“Su permanencia en la institución, de lo que dan cuenta los 52 años que ha dedicado al Poder Judicial, son fiel reflejo del compromiso férreo con la labor jurisdiccional. He podido decirlo en otros escenarios: el papel de juez es mucho más que una “ocupación”, es en realidad un verdadero atributo que se lleva consigo en cada momento y a lo largo de nuestras vidas, y esa calidad ha sido ejercida por el ministro Brito de manera excepcional”, dijo el presidente Fuentes.

La máxima autoridad judicial resaltó que “la impronta de Haroldo como magistrado no es sólo una cuestión que se advierte por ese paso del tiempo que supera las cinco décadas abocado a la judicatura; ella se refleja también en cómo encarna la progresión de una carrera funcionaria que, paso a paso, fue permitiendo el ascenso en base a la comprobación de su talento en diferentes cargos y tribunales en que tuvo oportunidad de servir”.

En tanto, en su discurso, el saliente ministro recordó que entró al Poder Judicial durante los primeros años de la dictadura militar, lo que conllevó una acción decidida en la defensa de los derechos fundamentales. “No puedo menos que tener presente que me integré –conscientemente- a un Poder Judicial que debió lidiar con los avatares de la dictadura.  

Los que no dicen relación solo con los crímenes de lesa humanidad, sino también con un ejercicio jurisdiccional, fundamentalmente en lo penal, claramente deficitario. En primer término porque las prioridades estaban puestas en otros objetivos completamente ajenos a la protección de las personas frente al ius puniendi, pero además porque solo se disponía de un vetusto código de procedimiento, en el que conforme a sus normas, no se alcanzaban los estándares mínimos de reconocimiento y protección a los derechos de las personas”, dijo el ex ministro.

“Al cesar mis funciones mantengo de manera muy tranquila la motivación con la que ingresé a este servicio, porque en el camino tempranamente advertí que, aunque de modo lento pero continuado, la propia judicatura abandonaba la indiferencia inicial y comenzaba a dar muestras reiteradas de la incorporación de nuevos criterios jurídicos más acordes a una realidad global e internacional que exigía, a través de normas internacionales obligatorias para los estados, mejores niveles de protección para las personas.  Prueba indesmentible de ello, es la declaración acordada por el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de Justicia, el 6 de septiembre del año 2013, al cumplirse 40 años del golpe cívico-militar, en la que se sostuvo claramente que: “los atropellos a los derechos humanos se debieron en parte a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas –las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada- pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas”, destacó Haroldo Brito.

Lo gremial fue la segunda pasión del expresidente Brito:  “En este mismo orden de ideas, quiero destacar entre mis actividades la de orden gremial, porque me permitió formar parte de una comunidad que no solo manifestó preocupación por las cuestiones propias de los gremios, que ya son importantes, valiosas, sino además por las reformas judiciales que demandaba el reencuentro con las formas democráticas y que el gremialismo que logramos desarrollar en esa época tomó no solo como función, sino también como un deber de ocuparse en conjunto con las demás instituciones estatales, entre ellas, desde luego con la propia Corte Suprema”.    

El ministro Brito Cruz, abogado de la Universidad de Chile (sede Valparaíso),  inició su carrera judicial en el año 1971 como oficial segundo del Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, cuando aún estudiaba Derecho. Luego de jurar como abogado en marzo de 1975 asumió como juez titular del Primer Juzgado de Letras de Los Andes. En julio de 1976 se desempeñó como relator titular de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En abril de 1980 fue nombrado juez del Segundo Juzgado del Crimen de Viña del Mar y cuatro años más tarde ejerció como juez del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago.  En mayo de 1989 asumió como relator titular de la Corte Suprema.

En enero de 1996 fue designado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal de alzada en el que estuvo por 12 años y del que fue su presidente entre marzo y junio de 2008, fecha en la que ascendió a la Corte Suprema, de la que fue su presidente en el bienio 2018-2019.

En sus más de 15 años en el máximo tribunal del país el ministro Haroldo Brito Cruz integró la Segunda, Tercera y Cuarta Sala, el Comité de Comunicaciones de la Corte Suprema y presidió la Comisión de Transparencia.

Además  de su carrera judicial, el ministro Brito tuvo una importante trayectoria como académico y en el ámbito gremial. Fue profesor de Derecho Penal Procesal Penal en la Escuela de Carabineros de Chile entre 1986 y 1993, profesor titular de las universidades Central, Andrés Bello, Alonso de Ovalle, la República y de la Católica del Norte. Impartió diversos cursos de especialización en la Academia Judicial.

En el ámbito gremial fue impulsor y director del Instituto de Estudios Judiciales “Hernán Correa de la Cerda”, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas entre los años 1992 y 1996 y 1998 a 2000.  También fue presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados entre 1993 y 1996 y vicepresidente de la Unión Internacional de Magistrados entre 2004 y 2006.