Este 16 de diciembre se cumplen 20 años desde que se implementó en la Región del Biobío la reforma procesal penal. Y, en ese contexto, la Corte de Apelaciones de Concepción, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública decidieron realizar un acto conmemorativo en conjunto, en el que revisaron los avances y desafíos del sistema.

La actividad se realizó en el Salón del Pleno del tribunal de alzada y participaron más de 60 personas, entre ministros de la Corte, jueces, administradores de tribunales, fiscales y defensores. También estuvieron presentes la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Claudia Soto, el jefe regional (s) de la PDI, prefecto Javier Castro, y el coronel Gonzalo Leiva Martínez, en representación de Carabineros.

Tanto la presidenta del tribunal de alzada, Carola Rivas Vargas, como la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena Ramos, y el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro Quezada, coincidieron en que el trabajo conjunto de las tres instituciones contribuye a ir mejorando el sistema.

“Resulta particularmente importante que las tres instituciones protagonistas de la reforma procesal nos hayamos reunido para conmemorar los 20 años de la instalación de la reforma en la Región del Biobío. Quiero destacar especialmente los recuerdos que hemos traído de cómo, coordinadamente, hicimos frente a tres hitos importantes: el posterremoto, los delitos que dieron lugar luego del estallido social y la pandemia, y nos dimos cuenta que las tres instituciones, trabajando coordinadamente y en colaboración, pudimos seguir dando el servicio y respondiendo a todos nuestros usuarios y usuarias”, aseguró la ministra Rivas.

A lo que añadió: “Quizás es hora de dar un paso más allá y empezar a trabajar en coordinación, en conocernos, porque ya nos hemos dado cuenta que cuando lo hemos hecho de esa manera hemos podido dar un mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas”.

La fiscal Cartagena planteó que “ayudamos a construir esta comunidad a partir del año 2003 y sabemos que las fortalezas del sistema están en esta comunidad, que conformamos los agentes de estas tres instituciones con las policías y otros servicios auxiliares. Al hacer un balance como institución tenemos convicciones. Hay cosas, como la digitalización, la sistematización virtual de nuestro sistema, que es un objetivo gigante, pero seguimos pensando que lo importante para el futuro es que nuestra convicción, nuestro sentido del deber como funcionarios público no debe decaer y debe renovarse permanentemente”.

En cuanto a la relación de las tres instituciones, manifestó que “es un error enorme pensar que uno tiene que llevarse mal con el juez o el defensor. La relación interinstitucional hay que cuidarla, porque es en lo que se basa el resultado y el buen devenir del sistema, que existe para que los chilenos y chilenas tengan mejor justicia”.

El defensor regional, que se mostró muy contento por la actividad conjunto, dijo que “este es uno de los tantos logros que hemos hecho: que este sistema, con todas las adversidades que hemos tenido que enfrentar, siga funcionando. Lo que hacemos entre todos nosotros es cumplir una garantía, que es entregar justicia, para las víctimas, para los imputados y dar una imagen a la sociedad de que el estado de derecho está vigente en la región del Biobío más que nunca”.

“El trabajo interinstitucional genera una tremenda diferencia con aquellas regiones que no tiene esta sinergia. Las personas que están detrás de estas instituciones han permitido siempre que este sistema de justicia funcione de manera adecuada. Hemos sido capaces de sentarnos en la mesa, conversar nuestras dificultades, nuestras brechas, posicionar nuestras mejoras, darnos cuenta que efectivamente hay cosas que no sabemos y que tenemos que resolver y eso se extrapola a distintas áreas, eso nos tiene muy contentos”, complementó.

Veinte años

La reforma implicó un cambio en el sistema de procesamiento de las causas judiciales penales, que pasó desde un sistema inquisitivo a uno acusatorio, en el que las funciones de investigar, procesar, y dictar sentencia en las causas se dividieron. Para ello se crearon nuevas instituciones, como el Ministerio Público, a cargo de dirigir las investigaciones, formalizar y acusar a los imputados y la Defensoría Penal Pública, a cargo de otorgar defensa profesional a quienes no pueden contratar los servicios de un abogado particular. Además se crearon los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal.

Este nuevo sistema comenzó a implementarse gradualmente en todo el país. Partió en diciembre del año 2000 en las regiones de Coquimbo y La Araucanía y en 2003 se aplicó en la región.

Cuando comenzó, por ejemplo, el Juzgado de Garantía de Concepción contaba solo con dos jueces. Hoy hay ocho magistrados ejerciendo allí su labor. Actualmente también hay 12 tribunales especializados en materia penal, tres de ellos tribunales orales; y otros 11 mixtos con competencia en la materia, en los que laboran 90 jueces, de los cuáles 66 lo hacen en tribunales especializados.

En estas dos décadas además se han implementado cambios en el sistema, con leyes que han apuntado a prestar un mejor servicio, como la ley de entrevista videograbada que impide la revictimización de niños, niñas y adolescentes.

En su discurso, la presidenta de la Corte destacó que contrario a la percepción general, gran parte de los imputados considerados como peligroso para la sociedad están recluidos y así lo muestran las cifras: a la fecha la fiscalía ha solicitado 1.872 prisiones preventivas, las cautelares más gravosas, de las cuales se han otorgado el 85,4%, o sea, 1.599. El año pasado la cifra fue similar, con 1.803 solicitudes y 82,7% de ellas acogidas, es decir, 1.419.