Los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Álvaro Martínez Alarcón y Joaquín Nilo Valdebenito, presidieron la segunda reunión de la Mesa Interinstitucional de Supervisión Carcelaria, instancia compuesta por los organismos vinculados al sistema de justicia.

En la cita se analizaron las observaciones registradas por ambos fiscales judiciales durante sus inspecciones a los penales y analizaron la factibilidad de que las personas privadas de libertad con presunta inimputabilidad por problemas mentales cuenten con un lugar permanente de internación provisional, terminando así con las soluciones temporales decretadas hasta el momento, como por ejemplo, la habilitación del módulo 91 del Complejo Penitenciario (CP) de Rancagua.

En la reunión también participaron el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant Cabrera; el juez de Garantía de San Fernando, Erick Ríos Leiva; el director regional de Gendarmería, coronel Gonzalo Hermosilla Lizama; el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), David Bahamondes González; y representantes de la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, entre otros asistentes.

"Abordamos con las otras instituciones del sistema de justicia situaciones observadas durante las visitas realizadas por la Fiscalía Judicial en los penales de la región, así como también las problemáticas que requieren una solución con el fin de evitar vulneraciones de derechos de internas e internos”, indicó el fiscal Álvaro Martínez.

Agregó: “En ese sentido, se insistió en la necesidad de tener una solución definitiva respecto de las personas en internación provisional que presentan problemas de salud mental y que están en el módulo 91 a la espera de informes sobre su posible inimputabilidad. En el sentido, recalcamos en la reunión que se debe asegurar que accedan a condiciones carcelarias acordes a su situación médica y que cumplan con los estándares requeridos".

En la misma línea, el fiscal Joaquín Nilo señaló que “respecto de las personas que están sujeto a juicios de imputabilidad por enajenación mental y las condiciones actuales en que se encuentran, se plasmó en la conversación la inquietud de una solución definitiva, más allá de lo transitorio que actualmente existe, y también se conversó sobre situaciones puntuales de provisión de agua en ciertos módulos, informándose que estaba en vías de solución”.

El secretario regional ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant, manifestó que se analizaron las medidas a adoptar para mejorar las condiciones  de las personas privadas de libertad en internación provisional con problemas de salud mental, “el trabajo intersectorial dentro de todos los servicios para agilizar los procesos y de que estén todos los antecedentes necesarios para que el Poder Judicial  pueda realizar el juzgamiento de esas personas. El Servicio Médico Legal ha desarrollado un trabajo bien significativo acortando las brechas y realizando los informes necesarios para continuar con el juicio. Se aceleró el proceso y se pudieron acortar los plazos”.