El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Eduardo Fuentes Belmar, participó esta mañana en la inauguración de la fase presencial  de la capacitación interinstitucional para jueces, fiscales y defensores sobre la implementación de la ley  21.527 que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y modifica la ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).

La actividad, organizada por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con el Centro Iberoamericano de Derechos de la Niñez, Cideni, se efectuó en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y contó con la presencia de su decano, Jaime Couso; del fiscal nacional, Ángel Valencia; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero y el defensor nacional, Carlos Mora, entre otras autoridades.

Para el presidente Juan Eduardo Fuentes, el tratamiento de niños, niñas y adolescentes, comprometidos en tratados internacionales, “respalda la necesidad de contar con un sistema de justicia penal para adolescentes que se enfoque en la rehabilitación y la educación, para fomentar su desarrollo hacia una adultez responsable y consciente”

“En este escenario –agregó-, la problemática de la implementación de la nueva institucionalidad de RPA cobra un nuevo cariz. Debemos sostener  de un modo interinstitucional la necesidad de que los criterios, los fundamentos y las instancias que enfrenten el fenómeno de la criminalidad de nuestros adolescentes, sean especializados”.

“Esta capacitación representa un paso adelante hacia los objetivos que nos hemos trazado, reconociendo que el camino hacia un sistema de responsabilidad penal adolescente efectivo y justo es complejo, pero esencial. Es un camino que debemos recorrer juntos, como sociedad, para garantizar no solo la seguridad, sino también el futuro de nuestra juventud”, concluyó el presidente de la Corte Suprema.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó la importancia del sistema de coordinación, trabajo colaborativo  y capacitación en el desarrollo y proceso de las reformas anteriores y de  la actual.

“La capacitación que ustedes recibirán, no solo es  el resultado contingente de la aprobación de esta ley, es el esfuerzo del Estado de Chile, de sus académicos, y de quienes participan del sistema de enjuiciamiento criminal, de tratar de adecuar sistemáticamente y mejorar las condiciones en las cuales se desempeña”, indicó Cordero. 

“Los desafíos que enfrentamos son significativos porque de este proceso de implementación y de la capacitación interinstitucional depende del éxito en buena parte de la primera fase de implementación del sistema (…) En un contexto donde las expresiones del populismo criminal van a estar vigentes, y sobre todo, donde pareciera que hay algunos que parecen olvidar los esfuerzos de los últimos 20 años de todos quienes participan del sistema de enjuiciamiento criminal, y particularmente del régimen de responsabilidad adolescente”, indicó el secretario de Estado.