El ministro coordinador de derechos humanos de la Corte Suprema, Mario Carroza Espinosa, participó en representación del Poder Judicial en la audiencia “A 50 años del inicio de la dictadura: dificultades en el juzgamiento y la reparación integral”, instancia parte el 188° periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La audiencia, realizada en la ciudad de Washington D.C., fue solicitada por la Agrupación Familiares Detenidos Desaparecidos (AFDD), Londres 38.Espacio de Memorias, Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJXS) y Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Chile.

El ministro Carroza Espinosa explicó las acciones que se han realizado por la Corte Suprema para el juzgamiento de causas por crímenes de lesa humanidad en el país y las medidas de reparación económica que se han determinado en distintos procesos judiciales abiertos en el país.

En ese sentido, recordó que el año 2013 el Pleno de la Corte Suprema realizó un reconocimiento por la omisión de los jueces en su actividad en el periodo entre 1973 y 1990 y que desde esa fecha existe un compromiso institucional para el juzgamiento de causas de derechos humanos. “Estoy consciente que existen casos pendientes de juzgamiento, pero estoy convencido y me preocupo personalmente, para que así sea, que los Ministros y Ministras en visita designados para conocerlos y fallarlos, les asista la misma motivación y seguridad”, dijo.

En ese sentido informó que actualmente existen un total de 1.340 causas que tramitan ministros y ministras de procesos por violaciones a derechos humanos en todo el país.

El magistrado informó que desde la Coordinación Nacional de Derechos Humanos se han realizado diversos contactos con las agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos para recibir sus inquietudes en el avance de los procesos de este tipo.

Carroza Espinosa informó que desde octubre de 2022 se han adoptado una serie de medidas para agilizar la vista de sentencias por violaciones a los derechos humanos en la Sala Penal de la Corte y que entre enero y octubre de 2023 se han fallado un total de 74 recursos que inciden, lo que es un incremento sustancial en relación al año 2022, periodo en que se conocieron y fallaron 32 recursos.

Asimismo el ministro recordó que el Poder Judicial se ha comprometido al trabajo del Plana Nacional de Búsqueda impulsado por el gobierno y que se han adoptado una serie de medidas para colaborar con tal plan.

“Nuestra labor no va solo en este camino de disminuir el retardo en la tramitación de los procesos, sino que enfrentados al Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada en dictadura que ha promovido el  Gobierno de Chile, el Poder Judicial comprendiendo la importancia de esta labor, ha comprometido su cooperación en todas las etapas que fuere necesario, particularmente con la información que posee a través de las unidades de Memoria Histórica Digital y de la creación de un banco de datos,  que sea capaz con la utilización de inteligencia artificial de generar información útil y eficaz en la labor investigativa”, aseveró.

En tanto respecto de las preocupaciones en materia jurisprudencial sobre procedencia de indemnización civil, el magistrado recordó que la Sala Penal de la Corte Suprema ha desestimado constantemente la interpretación del Consejo  de Defensa del Estado (CDE) y se ha otorgado reparación a los familiares de las víctimas.

Al término de su exposición el ministro Carroza reiteró el compromiso del Poder Judicial para seguir investigando y juzgando este tipo de procesos judiciales.

“ (…) termino esta breve exposición, comprometiendo desde este espacio a nuestra institución,  a todo lo que sea necesario para seguir avanzando de manera oportuna en el juzgamiento y fallo de los delitos de lesa humanidad, hasta la completa investigación y sanción en el orden penal y reparación civil”, cerró el ministro.

En la sesión, además del ministro Carroza, participaron en representación del Estado de Chile el director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones de Derechos Humanos, Tomás Pascual; la jefa de la División del Programa de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla y la jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Paulina Zamorano.