La ministra de Corte Suprema, Ángela Vivanco, presidió –el jueves 2 de noviembre- la primera reunión para la elaboración del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Privadas de Libertad, propuesta que se enmarca en las iniciativas del Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables que preside.
En este exitoso primer encuentro participaron representantes de las Cortes de Apelaciones de Arica, Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Comité de Prevención contra la Tortura, Senama, Senadis, Subsecretaría de la Niñez, Red Acción Carcelaria, entre otras instituciones.
El Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Privadas de Libertad tiene por objeto proponer recomendaciones generales y con un enfoque diferenciado a fin de generar estándares en materia de acceso a la justicia para esta población.
La metodología de trabajo se realizará en 7 jornadas. Durante estas, las instituciones participarán en 5 mesas temáticas dedicadas a: Mujeres embarazadas, en período de posparto y lactantes, y niños, niñas y adolescentes que viven con sus madres en prisión; Personas mayores y personas con discapacidad; Personas, pueblos y comunidades indígenas; Personas migrantes; y Personas LGBTIQ+.
La Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH), secretaría técnica del subcomité, desarrolló un borrador del protocolo, documento que tiene como fundamento la Opinión Consultiva OC-29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de mayo de 2022 en que se establecen enfoques diferenciados respecto a determinados grupos de personas privadas de libertad. Este borrador será una base para la discusión en las mesas de trabajo.
Se espera que estas mesas de trabajo contribuyan, con la experiencia de sus integrantes, al desarrollo de recomendaciones generales con la perspectiva del enfoque diferenciado considerando que la población penal no es homogénea.
Al culminar el documento –en el primer semestre de 2024- se presentará al Pleno de la Corte Suprema para luego difundirse a nivel nacional, y efectuar una actividad de presentación final de esta iniciativa.