Una amplia labor de difusión en distintas comunas de la Provincia de Chiloé, desarrolló durante septiembre y octubre el Juzgado de Familia de Castro, con el fin de dar a conocer y promover los alcances de la Ley 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, y la labor de las nuevas oficinas locales de la niñez.

De esta manera, la jueza presidenta, María Carolina Prieto Saldivia, dictó en septiembre una charla sobre los alcances de la ley en el ámbito educacional en el Liceo Galvarino Riveros de Castro, en el marco de una actividad de capacitación organizada por la Unidad Jurídica de la Corporación Municipal de Educación y Salud al Menor, que convocó a directores, docentes y asistentes de la educación de la comuna.

“La actividad fue de alta convocatoria, generó reflexión y debates respecto de los alcances de la ley, lo que se tradujo en la necesidad manifiesta de los asistentes de replicar la actividad en las unidades educativa específicas, para favorecer el cambio de paradigma, la intersectorialidad y la adaptación a las modificaciones que exige la norma legal en cuanto a los protocolos y organización de toda actividad que implique educandos”, informó la magistrada.

Asimismo, la jueza participó como expositora en el primer Seminario de la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que organizó la Oficina Local de la Niñez de Chonchi, que reunió a profesionales de la salud, educación, municipales y representantes de organizaciones sectoriales, quienes conocieron sus roles y responsabilidades en el marco de la nueva normativa.

“Asistió un gran número de operadores del sistema integral de protección a quienes nos interesaba llegar, especialmente a los del área de educación y salud, que son actores relevantes en la detección temprana de vulneraciones”, indicó la magistrada. “Con las exposiciones se les entregaron las indicaciones a los intervinientes de cómo proceder, de manera tal que la comuna adquirió herramientas prácticas para ejecutar la protección administrativa que la ley les mandata ejercer”, agregó.

La jueza de Familia abordó la misma temática, además, en un seminario organizado por la Oficina Local de la Niñez de Puqueldón. “Estamos felices de haber recibido la invitación; sin embargo, lamentablemente la red de protección especializada en esta comuna no cubre todas las necesidades de los NNA que la habitan, lo que implica que es necesario fortalecer la institucionalidad comunal que los atiende; en ese sentido, se agradece la participación de los distintos estamentos que asistieron, puesto que con la actividad se destacó el rol que a cada uno le corresponde en protección y la necesidad y mandato legal para trabajar coordinadamente, coordinación en la cual ya ha estado trabajando fuertemente la OLN y por tanto de espera que a futuro se fortalezcan las condiciones para ejecutar la protección integral que persigue la Ley 21.430”, destacó.

Reuniones de coordinación
En tanto, en dependencias del tribunal se llevó a cabo una reunión donde se analizó la conversión y traspaso de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Castro a Oficina Local de la Niñez (OLN) que contó con la participación de la administradora municipal Alicia Rojas y el jefe de gabinete en representación de la autoridad comunal, Eduardo Hernández, quienes dieron a conocer los avances y acciones proyectadas para su adecuada implementación.

En el encuentro, la magistrada Prieto explicó que la nueva oficina desarrollará un trabajo mucho más amplio que la OPD, debido a que su labor también considera a los adolescentes hasta los 18 años. “La OLN trabaja no solo con aquellos niños que ya han sido vulnerados en sus derechos, pudiendo realizar las intervenciones necesarias directamente o derivándolos a la red, sino también y principalmente. debe trabajar con y por toda la población infanto-juvenil de la comuna, en pos de su protección integral para la prevención de vulneraciones, siendo necesario para lograrlo, que cumplan con la labor de articulación comunal, para que los distintos servicios públicos a nivel local y también regional, se activen en su calidad de miembros del sistema de protección, con miras a la efectividad de los derechos de los niños, en el marco de la ley que impone obligaciones a la institucionalidad pública”, enfatizó.

El Juzgado de Familia de Castro también encabezó una reunión con los directores de Programa Diagnóstico Especializado Zona Sur-Norte, Francis Barrientos y Claudio Rodríguez y las consejeras técnicas del tribunal, donde se dieron a conocer los lineamientos técnicos y la cobertura territorial para la solicitud de evaluaciones de la línea programática del Servicio de Protección Especializada denominada Diagnóstico Clínico Especializado (DCE), cuya fase I de implementación comenzó el 1 de octubre.

En la cita se destacó la importancia del enfoque del Programa DCE, que contempla el desarrollo de nuevas formas de observar e implementar las acciones de evaluación e intervención en el trabajo con los niños, niñas y adolescentes que requieren ser evaluados, para definir si se encuentran o no en una situación de desprotección, que haga necesaria la intervención del sistema de protección especializada.

Finalmente, se realizó en el tribunal -el 12 de octubre- una reunión con las oficinas locales de la Niñez de Dalcahue, Puqueldón, Chonchi y Queilen, que contempló la participación de las coordinadoras Valentina Bahamonde, Yomara Morandi, Inés de La Cruz y Selma Llanquén, respectivamente.