Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema ayer –lunes 10 de mayo– analizó el contenido del proyecto de ley, iniciado en moción, que “establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte, en el contexto de movilizaciones sociales”. Informe que fue remitido hoy, martes 11, a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados.

A modo de conclusión, el máximo tribunal consigna que: “En relación a las materias respecto de las que se solicita informe, se debe señalar que las disposiciones del proyecto se encuentran conforme a los principios generales que inspiran los procedimientos judiciales, por lo que solamente es posible formular los comentarios que en cada caso se han realizado, quedando en la amplia competencia del legislador determinar las normas de procedimiento, como aquellas de carácter particular que estime pertinente incorporar en su sustanciación, respetando la igualdad de derechos de las partes en la tramitación del juicio, que se denomina igualdad de armas”.

“Si bien se ha descrito y comentado el artículo 4° del proyecto en su integridad, debe consignarse que es propiamente una norma orgánica constitucional la consignada en su inciso primero”, añade.
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