El ministro coordinador de Derechos Humanos de la Corte Suprema, Mario Carroza Espinosa, participó en el lanzamiento del informe “Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de Protección Internacional”, elaborado por el Centro de Políticas Migratorias y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que aborda la labor de Corte Suprema en materia de refugio y migrantes entre los años 2010 y 2023.
En la ceremonia de lanzamiento -realizada en el Salón de Honor de la Corte Suprema- participaron Luis Eduardo Thayer, Director del Servicio Nacional de Migraciones; Andrea Pochak, Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Rebeca Cenalmor, Jefa de la Oficina Nacional de Acnur, y Juan Pablo Ramaciotti, Director del Centro de Políticas Migratorias.
El ministro Carroza destacó la importancia de la elaboración de este tipo de estudios y recordó que organismos internacionales, tales como el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas, han resaltado la labor de la Corte Suprema en protección de migrantes.
“Para la Corte Suprema resulta muy provechoso y enriquecedor celebrar instancias como la que nos convoca el día de hoy, ya que permiten intercambiar ideas y puntos de vista, desde una mirada constructiva y analítica, en torno al quehacer jurisdiccional y su impacto en una temática tan actual y desafiante”, continuo.
El informe, en consonancia con el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, destaca al “Poder Judicial como un ente relevante en materia de protección internacional pues, durante el período de tiempo analizado, se ha posicionado como una instancia eficaz”, dijo Carroza.
Agregó que pese al buen panorama se debe seguir trabajando mejorar la protección en materia de derechos humanos.
“Pero esta destacada labor no obsta a reconocer que aún tenemos importantes desafíos en torno a la aplicación del control de convencionalidad, la garantía del acceso a la justicia, el respeto al debido proceso y otras necesidades judiciales de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Precisamente para rescatar valiosos aprendizajes de lo realizado, con miras a abordar los desafíos presentes y futuros, este seminario representa una oportunidad invaluable. Estos aprendizajes y desafíos también son de utilidad para otras instituciones del sistema de justicia, así como a otros poderes del Estado, academia y sociedad civil”, finalizó.
Informe
El informe analizó un total de 70 expedientes judiciales -de recursos de amparo y recurso de protección- sobre peticiones de refugio para identificar las líneas jurisprudenciales sobre la materia e investigar las prácticas denunciadas como ilegales y arbitrarias, además de revisar la forma en que los tribunales chilenos han efectivizado la protección de derechos.
Las principales conclusiones del informe revelan que el Poder Judicial ha jugado un importante rol en la protección y garantía de los derechos de las personas refugiadas o que solicitan asilo:
“En este sentido, el presente estudio destaca al Poder Judicial como un ente relevante en materia de protección internacional pues, durante el período de tiempo analizado, se ha posicionado como una instancia eficaz para controlar jurisdiccionalmente actos de la administración y políticas estatales que se encuentran en tensión y que, en concreto, son incompatibles con algunos estándares internacionales en materia del derecho internacional de los refugiados y otros tratados internacionales ratificados por Chile, como el derecho a buscar y recibir asilo (o refugio), el principio de no devolución, el principio de no sanción por ingreso irregular, la protección de personas con necesidades específicas de protección debido a situaciones de vulnerabilidad, entre otros”, dice el informe.
Agrega: “Al respecto cabe destacar que, de los expedientes analizados, cerca de un 62% de las decisiones de la Corte Suprema acogieron la acción presentada por los solicitantes (ya sea por acciones de amparo o protección)”
Los resultados del informe fueron comentados en un panel de discusión en el que participaron: Luis Eduardo Thayer, Director del Servicio Nacional de Migraciones, Señora María Olga Troncoso, jueza titular del 3° Juzgado de Familia de Santiago, Señora Andrea Pochak, Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Señora Rebeca Cenalmor, Jefa de la Oficina Nacional de Acnur, y Señor Juan Pablo Ramaciotti, Director del Centro de Políticas Migratorias.