En el marco del recorrido semestral que realizó la comisión de visita a cárcel de la Corte de Apelaciones de La Serena a los centros penitenciarios de la jurisdicción, la ministra Gloria Negroni Vera se reunió con los organismos encargados de la administración de la cárcel de Huachalalume y del Centro de Cumplimiento de Internación Provisoria e Internación en Régimen Cerrado (IP-IRC) de La Serena, con el fin de abordar las observaciones encontradas en los establecimientos.

En primer lugar, y junto a los integrantes de la comisión de visita a cárcel -la jueza del tribunal oral Ana Marcela Alfaro, el juez de garantía Claudio Ayala Oyanadel y la secretaria del tribunal de alzada, Soledad Sepúlveda Fonck- se reunió con representantes de la empresa concesionaria de Huachalalume. “Pudimos intercambiar ideas para tener claro cuál es el flujo de las solicitudes que debemos hacer en el caso de las falencias detectadas,  ya sea a través de Gendarmería o del Ministerio de Obras Públicas, para que se cumplan, entre otras, todas las condiciones de infraestructura, de alimentación y su distribución y de equipamiento, principalmente en el caso de personas con discapacidad”, explicó la ministra Negroni.

En la oportunidad, se abordó especialmente la problemática de salud mental de las personas en internación provisional que deben ser trasladadas a recintos especializados,   y la efectividad de los canales de información para que internos e internas accedan a la escuela existente al interior del recinto.

Otro de los recintos visitados por la comisión y donde se detectaron importantes falencias es el Centro de Cumplimiento de Internación Provisoria e Internación en Régimen Cerrado, que recibe a jóvenes infractores de ley. “Nos reunimos con la directora regional del Servicio de Reinserción Juvenil, Loreto Rebolledo, ya que luego de visitar el centro cerrado ubicado en La Serena, nos pareció urgente verificar si es posible mejorar las condiciones de infraestructura y de mobiliario que tiene el lugar”, dijo Negroni.

La ministra, hizo hincapié en la importancia de la implementación oportuna del nuevo servicio que comenzó a funcionar en enero de este año, reemplazando a Sename. “Están implementando el servicio y esperando contar con profesionales especializados para atender este público joven, cuyo objetivo es reinsertarlos en la sociedad y disminuir o eliminar sus conductas delictivas. Tuvimos 20 años de brecha que tenemos que asumir como país en el sentido de no haber dado respuesta a los requerimientos específicos de la Ley Penal Adolescente 20.084”, enfatizó.

Luego de las reuniones, la ministra destacó la positiva acogida que tuvo con los representantes de ambos recintos, los que –de acuerdo a la normativa- deberán ser inspeccionados nuevamente en octubre. “La idea es continuar trabajando colaborativamente para asegurar las condiciones que la ley exige y que propicien la garantía de los derechos de adultos y adolescentes privados de libertad y su reinserción en la sociedad", concluyó Gloria Negroni.