La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción San Miguel -que sesionó entre el 8 al 15 de octubre de manera remota- acogió 53 de un total de 200 solicitudes (26,5%) de presentaciones realizadas por internos e internas de las cuatro unidades penales que postularon a este beneficio.

El grupo de comisionados -que cumple funciones como órgano autónomo administrativo y se reúne en abril y octubre de cada año- estuvo presidido por la ministra María Alejandra Pizarro Soto e integrado por las magistradas María Carolina Salinas Hernández (10° Juzgado de Garantía de Santiago),  Karin Mercado Rivas (Juzgado de Garantía de Puente Alto), Maria Magdalena Paiva Passero (Juzgado de Garantía de Talagante) y el magistrado Christian Cáceres Molina (Juzgado de Garantía de Talagante). Actuó como ministro de fe la secretaria (s) de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Minou Jancso Carstens y colaboró la funcionaria del tribunal de alzada, Carolina Seguel Puebla.

Los beneficiados con la libertad condicional quedarán ahora sujetos al control de Gendarmería y en caso de cometer algún delito en el periodo de cumplimiento de su condena, este beneficio quedará sin efecto.

El Decreto Ley N° 321, modificado por la ley N° 21.124 -que entró en vigencia el 18 de enero de 2019-, establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal, y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad.