Como parte de la política institucional del Poder Judicial orientada a garantizar el acceso a la justicia de grupos vulnerables, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Chillán, ministra Paulina Gallardo, realizó una serie de encuentros destinados a fortalecer la atención, el resguardo de derechos y el buen trato hacia las personas mayores en la jurisdicción.

En una primera instancia, recibió la visita de la jueza titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Chillán, Priscila Arroyo. Durante la reunión abordaron el plan de trabajo que se desarrollará en el tribunal local bajo la modalidad de “tribunal de implementación”, coordinado en el marco del programa nacional impulsado por el Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables de la Corte Suprema.

Bajo esta forma de trabajo, el Segundo Juzgado de Policía Local de Chillán adoptará e implementará el Protocolo y la Guía Práctica de Buen Trato a las Personas Mayores elaborados por el Poder Judicial, contando con la asesoría y monitoreo del Tercer Juzgado de Policía Local de Maipú, encabezado por la magistrada Fabiola González. Como parte de esta alianza técnica, se contempla una jornada presencial de intercambio de experiencias, buenas prácticas aprendidas y retroalimentación que se realizará durante la primera semana de agosto.

Posteriormente, la presidenta del tribunal de alzada sostuvo un encuentro con la recién asumida directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Lorena Neira. La cita permitió revisar la agenda de trabajo conjunto que el Poder Judicial y el organismo estatal vienen desarrollando en la zona y sentar las bases para nuevas coordinaciones intersectoriales.

Durante el diálogo, se enfatizó la necesidad de abordar de forma articulada la realidad de la región de Ñuble. Para enfrentar este desafío, se acordó convocar a una mesa de trabajo durante la segunda quincena de agosto, la cual sumará a otros actores clave del sistema de justicia, entre ellos el Ministerio Público y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).

Todas estas medidas forman parte de la preparación y adecuación institucional ante la próxima entrada en vigencia plena de la “ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable” (Ley 21.682).